a Junta de Gobierno es el órgano que concentra el poder en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene a su cargo el nombramiento de rectores y direcciones de escuelas, facultades e institutos. Representa la continuidad de los grupos que han dominado a la Universidad por décadas. Establecida en 1945, hoy es un cuerpo obsoleto y anacrónico, impermeable a las opiniones de los sectores académicos de la UNAM: estudiantes y personal académico. A estas alturas es, como decía José María Luis Mora, “inútil, irreformable y perniciosa”.
Los grupos universitarios más conservadores se han opuesto de forma sistemática tanto a los cambios o ajustes, por mínimos que sean, como a las propuestas de integrar a ella a personas más o menos progresistas. Son raras las ocasiones en que los medios se ocupan de los nombramientos y remplazos en la Junta. En estos días, sin embargo, sorprende la virulencia de los ataques en contra de una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Se le cuestiona no por su perfil universitario y trayectoria académica, que son excepcionales e incuestionables, sino por sus relaciones de parentesco y las inclinaciones políticas de su familia. Los grupos universitarios conservadores –y sus plumas incondicionales– se suman con este tema, desde la Universidad Nacional, a las campañas contra los cambios que están ocurriendo en México.
La Junta de Gobierno siempre ha sido un espacio político pese a sus mitos fundacionales. No es novedad que buena parte de sus integrantes hayan tenido filiaciones partidarias explícitas. Ahí están algunos casos emblemáticos: Gustavo Baz Prada, secretario de Salubridad y Asistencia entre 1940 y 1946 durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) –antecesor directo del Revolucionario Institucional (PRI)–, y luego gobernador priísta del estado de México. Antonio Carrillo Flores, integrante de la Junta al mismo tiempo que fue secretario de Hacienda con Ruiz Cortines y secretario de Relaciones Exteriores con Díaz Ordaz, ambos del PRI. Sergio García Ramírez ocupó la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría General de la República durante el sexenio priísta de Miguel de la Madrid. Más recientemente, Enrique Cabrero Mendoza encabezó el Conacyt entre 2012 y 2018, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, nuevamente del PRI.
Las filiaciones partidarias no terminan ahí. Desde 1946, varios rectores nombrados por la Junta han tenido trayectorias profundamente vinculadas al poder. Guillermo Soberón (1973-1981) fue secretario de Salud con Miguel de la Madrid y participó en el proceso interno del PRI para la selección de su candidato presidencial. José Narro Robles, rector entre 2007 y 2015, militó 46 años en el PRI y llegó a contender por la dirigencia nacional antes de renunciar en 2019. Otros rectores –Zubirán, Garrido Díaz, Carrillo, Chávez, el propio Soberón– transitaron por cargos relevantes del Ejecutivo federal en gobiernos priístas. La rectoría de la UNAM operó, en buena medida, como espacio de reclutamiento y validación de cuadros del PRI. En contraste, ningún rector entre 1946 y 2011 tuvo filiación abierta con el Partido Acción Nacional (PAN), aunque algunos, como José Sarukhán, participaron en gobiernos panistas. La pertenencia partidista explícita ha sido, casi sin excepción, priísta.
No sólo la política partidaria atraviesa a la Junta; las redes de parentesco también han marcado su funcionamiento. Algunos ejemplos ilustran la trama de linajes universitarios: Ignacio Chávez –integrante de la Junta y rector– y Trinidad García –también integrante– eran consuegros. Ignacio Chávez Sánchez, miembro de la Junta, era hijo del ex rector Chávez. Guillermo Soberón, rector, estaba casado con la sobrina favorita de Chávez padre. El padre y la madre del rector De la Fuente fueron ambos integrantes de la Junta de Gobierno. Marcia Hiriart, actual integrante, es hija de Fernando Hiriart, también miembro. Y esta lista es apenas una muestra mínima de los múltiples vínculos familiares que han tejido, por décadas, la élite que gobierna la Universidad.
La Junta de Gobierno ha sido, desde su creación, un dispositivo para reproducir el poder de élites, clanes académicos y familias universitarias dominantes. Por ello resulta paradójico –cuando no francamente cínico– que sectores conservadores se escandalicen hoy por un caso particular, cuando la verdadera preocupación debería ser la existencia misma del órgano y el daño estructural que causa a la vida democrática de la UNAM.
La Universidad Nacional, una comunidad de más de 400 mil personas, no puede seguir gobernada mediante mecanismos opacos, no democráticos y refractarios a la participación. No basta con “ajustes” o “actualizaciones” a la Junta de Gobierno: debe ser sustituida. Urge un sistema plenamente democrático, abierto y representativo para nombrar autoridades y tomar decisiones que afectan a toda la comunidad.
