ejar pasar una historia como la de Altos Hornos de México sería contribuir a repetir las equivocaciones que la llevaron a la quiebra. Así, el caso de AHMSA ejemplifica los errores estructurales que marcaron el estilo de política industrial mexicana en el periodo neoliberal. Esta empresa, cuyos orígenes fueron sólidos, significó durante muchos años un desarrollo estratégico para la economía, pero sufrió una caída estrepitosa que no puede explicarse como simple accidente del mercado: se trata del resultado catastrófico de la corrupción y las malas decisiones políticas, empresariales y financieras que actuaron contra el intzerés público y de los trabajadores.
AHMSA nació en 1942 en Monclova, Coahuila, y llegó a convertirse en la siderúrgica más importante de México. Su creación respondió a una lógica de desarrollo a largo plazo: producir acero nacional para sostener la infraestructura, la construcción y la industria pesada del país. Durante décadas, la empresa creció y se integró a un proyecto más amplio cuando el Estado consolidó Sidermex, empresa pública que absorbió a Altos Hornos de México, Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, Siderúrgica Lázaro Cárdenas–Las Truchas, así como las 97 empresas filiales, conformando un complejo siderúrgico estratégico. Aquella decisión no fue ideológica, sino pragmática: el acero era, y sigue siendo, un insumo clave para la soberanía económica y el crecimiento de la planta productiva.
Sin embargo, en los años 90, bajo el argumento de que las empresas públicas se habían vuelto ineficientes, el gobierno federal impulsó su privatización. Altos Hornos fue vendida en 1991 a un grupo privado encabezado por Alonso Ancira Elizondo y Xavier Autrey, dentro de un proceso más amplio realizado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que benefició a un grupo reducido de familias, amigos y cómplices, en detrimiento del patrimonio nacional. Si bien la promesa fue de mayor eficacia, inversión, modernización y competitividad, lo que ocurrió después fue exactamente lo contrario. En pocos años, la empresa comenzó a ser señalada como ineficiente, endeudada y mal administrada, hasta que terminó siendo explotada, saqueada y llevada a la quiebra. Sin duda, esta es la historia del fracaso de la privatización de muchas empresas públicas en México: activos estratégicos transferidos a grupos privados que actuaron en contra de los intereses nacionales y de la industria siderúrgica del país.
Lejos de reinvertir utilidades, modernizar la planta o fortalecer la producción, la administración privada convirtió a AHMSA en un instrumento de endeudamiento, desvío de recursos y operaciones fraudulentas. Los escándalos de corrupción vinculados a la venta inflada de plantas industriales, el uso político de la empresa y la falta de transparencia en su manejo financiero terminaron por asfixiarla. Como era de esperarse, el costo social de este proceso ha sido devastador. Actualmente, Altos Hornos acumula deudas por alrededor de 2 mil millones de dólares con acreedores, proveedores, contratistas e instituciones públicas como el IMSS, Infonavit y la CFE, pero también mantiene un pasivo laboral profundo con sus trabajadores; dado que, durante casi tres años no se han pagado salarios ni prestaciones. La quiebra ocasionó que se perdieran más de 20 mil empleos directos y 100 mil indirectos, considerando a AHMSA, sus plantas en Monclova y la región carbonífera de Coahuila, así como las minas en Durango, Hidalgo y Michoacán. Detrás de esas cifras hay familias, comunidades enteras y regiones que quedaron sumidas en una cruel y produnda crisis económica y social.
A esto se agregan denuncias particularmente graves: demandas impulsadas por el Sindicato Nacional de Mineros, que me honro de presidir, por la apropiación indebida de cuotas sindicales que, durante más de una década, fueron descontadas a los trabajadores sin ser entregadas a la organización, conformando un fraude gigantesco que agudiza la dimensión ética del desastre. Corrupción, saqueo y fracaso: eso fue lo que representó la administración privada de Altos Hornos en manos de la familia Ancira. Casos como éste, además de evidenciar el colapso de una compañía, muestran la impunidad de estos empresarios que se beneficiaron de activos nacionales y dejaron ruinas industriales y sociales sin ningún tipo de consecuencia o castigo.
Hoy, el proceso judicial entra en una etapa decisiva. El próximo 27 de febrero AHMSA y Minera del Norte serán subastadas como una sola unidad productiva indivisible, con un precio de salida superior a los mil 127 millones de dólares. Las bases de la subasta establecen criterios relevantes: no se aceptarán ofertas parciales ni condicionadas a financiamiento, se excluye a personas con adeudos fiscales o con vínculos con antiguos directivos y se exige un compromiso irrevocable de reactivación de los activos. El objetivo central, conforme a los lineamientos del Poder Judicial, es que los recursos obtenidos se destinen prioritariamente al pago de las obligaciones laborales.
En este contexto, resulta fundamental que el Sindicato Minero, haya sido reconocido e invitado por el juez del concurso mercantil para participar en el proceso. Como organización, nuestro interés es claro: asegurar que la quiebra y la venta de los activos se conduzcan con transparencia, que no se repita el ciclo de saqueo y que los trabajadores tengan el derecho primordial de recuperar salarios, prestaciones, la liquidación conforme al contrato colectivo y la dignidad que les fue arrebatada durante años.
La historia de Altos Hornos de México no debe verse como un episodio aislado ni como un daño colateral inevitable. Es una advertencia. Normalizar este tipo de procesos equivale a aceptar que empresarios fracasen, saqueen y exploten sin consecuencias, mientras las comunidades pagan el precio. Analizar este caso con seriedad obliga a pensar en una intervención clara y directa del Estado mexicano, no solo para resolver la quiebra de una empresa, sino para atender el problema social que permanece abierto en Coahuila y para evitar que esta historia vuelva a repetirse.
