La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó ayer la sentencia que absolvió y permitió la liberación de Jhoan Ricardo Matus Marcial, ex consejero jurídico del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, condenado a 50 años de prisión por la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu.

Con esta decisión, el máximo tribunal del país estableció estándares obligatorios para que los jueces valoren casos de crímenes de lesa humanidad contra personas defensoras, aplicando una perspectiva de género e interseccionalidad, es decir, considerando cómo diferentes formas de discriminación y desigualdad afectan de manera simultánea a la víctima

Por unanimidad de ocho votos, el pleno aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, promovido por la familia de Uruchurtu, contra la liberación del ex funcionario señalado por la Fiscalía de Oaxaca –junto con la entonces alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta– responsable de la desaparición de la activista, ocurrida el 27 de marzo de 2021 tras una protesta y que permanece sin ser localizada.

Matus Marcial quedó en libertad el 21 de agosto pasado por decisión de un tribunal colegiado, que consideró insuficientes las pruebas más allá del dicho de un testigo.

Riesgos especiales

La Corte revocó esa resolución al señalar que se ignoraron los riesgos especiales que enfrentan las mujeres activistas en contextos de corrupción y abuso de poder.

“Se propone revocar la sentencia impugnada y devolver el asunto al tribunal colegiado para que realice un escrutinio judicial especializado con perspectiva de género e interseccionalidad, y emita de esta manera una nueva decisión conforme a derecho”, dijo el ponente.

La ministra Yasmín Esquivel destacó que el enfoque de género en la Corte no busca condenar, sino fortalecer la calidad y solidez del razonamiento judicial.

El ministro Giovanni Figueroa destacó que se envía un mensaje claro contra la impunidad en delitos de lesa humanidad, al establecer criterios para valorar indicios en casos de personas defensoras de derechos humanos, mientras la ministra Loretta Ortiz Ahlf subrayó que la víctima está en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que tiene más de 133 mil 518 casos, y enfatizó la necesidad de aplicar los más altos estándares nacionales e internacionales en derechos humanos.