ace tres décadas, el 16 de febrero de 1996, se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. En ellos, el gobierno federal se comprometió con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a impulsar una reforma constitucional que refundara México como un Estado pluriétnico, reconociendo el derecho de los pueblos originarios a la libre determinación y a la autonomía como expresión interna de ésta.
La signatura fue un acto muy emocionante. La prensa esperó horas en los Altos de Chiapas a que las partes estamparan sus firmas en el documento. Un frío húmedo calaba los huesos. Había una gran expectación. El tiempo transcurría tensamente sin que la ceremonia se consumara. Los fotoperiodistas esperaban la instantánea de rebeldes chiapanecos y representantes del Ejecutivo juntos.
Pero eso no sucedió. Los comandantes zapatistas se negaron a aparecer en la foto junto a los representantes de la delegación oficial. Estaban seguros de que, tal y como aconteció, el gobierno no iba a cumplir con lo pactado. Y no quisieron darle ese trofeo al presidente Ernesto Zedillo. Así que cada parte estampó su rúbrica por su lado.
Han transcurrido 30 años desde aquella fecha, y la palabra gubernamental sigue sin cumplirse. A lo largo de este tiempo, se le han reconocido a los autóctonos derechos de oropel y normas cuya validez se acompaña de obras maestras de la cerrajería jurídica que impiden su aterrizaje en el mundo real. En su lugar, se echó a caminar un neoindigenismo 2.0, de sahumerios y bastones de mando patitos. Se han inventado pasados idílicos para envolver paternalismos presentes.
La cuestión central de refundar la nación, reconocer el derecho al territorio y la representación política directa al margen de partidos políticos (entre otros puntos) sigue siendo escamoteada. Se admiten derechos sustantivos siempre y cuando no puedan ejercerse.
Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena fueron, apenas, la primera estación de llegada de una ruta que incluía seis mesas en su totalidad. El proceso abortó cuando, en el marco del Pacto de Barcelona, Ernesto Zedillo negoció con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional una reforma política que fortaleció la partidocracia y descarriló una vía genuinamente ciudadana de participación política y reconstrucción del Estado. También, cuando, con la complacencia de esos organismos, incumplió los compromisos pactados para los pueblos indígenas. Esa negociación caminó en paralelo con la promoción de grupos paramilitares que hicieron impunemente la guerra a las comunidades en rebeldía, con el silencio cómplice de los “opositores”.
En lugar de negociar sus propias demandas en San Andrés, los zapatistas convocaron a una enorme cantidad de dirigentes e intelectuales indígenas, académicos especializados en la cuestión étnica, agentes de la pastoral vinculados a comunidades y figuras de la sociedad civil, a dar su palabra. Asistieron como sus invitados y asesores comunalistas oaxaqueños, municipalistas, impulsores de la autonomía entendida como apropiación del proceso productivo y construcción del sujeto y defensores de las regiones pluriétnicas autonómicas.
La lista del equipo de apoyo rebelde incluyó nombres como Luis Villoro, Ricardo Robles, Bárbara Zamora, Aristarco Aquino, Adriana López, Gustavo Esteva, María de Jesús Patricio, Gilberto López y Rivas, Márgara Millán, Luis Javier Garrido y Francisco López Bárcenas. El milagro fue que, gracias a la autoridad y guía de los insurgentes, esta diversidad de personajes se pusieron de acuerdo y fueron capaces de elaborar un documento semilla de una nueva constituyente.
Por supuesto, no faltaron quienes, después de avalar el texto, se deslindaron de él argumentando un supuesto “reformismo”, sólo para terminar reculando en prácticas estatolátricas. Ni los que, tiempo después, utilizaron su participación en el proceso, real o figurada, anecdótica o sustantiva, para incorporarla en su currículum en la ruta de trepar hacia los más variados puestos gubernamentales. Entre varios otros “renglones torcidos de Dios” de aquella gesta, se encuentra el de los representantes indígenas, que terminaron replicando el indigenismo que condenaron en aquellos años. Hicieron suya la consigna de “Patria ya, hueso para todos”.
A pesar de su incumplimiento (pasado y actual), los Acuerdos de San Andrés se convirtieron en programa de lucha de la más importante y auténtica red de pueblos originarios existente: el Congreso Nacional Indígena (CNI). Y cuando fue evidente que el gobierno no los cumpliría, las comunidades pasaron a hacerlos realidad en la práctica, ejerciendo su autonomía sin pedir permiso.
En la formulación de los Acuerdos de San Andrés participaron, literalmente, miles de indígenas y no indígenas. Desde quienes realizaron los cinturones de paz, resguardando a los delegados, hasta quienes fueron llegando como asesores e invitados. Sin embargo, a pesar de la amplitud de esta concurrencia, la autoridad política y moral detrás del documento es el EZLN. Fueron los zapatistas quienes los hicieron posibles. Fueron los rebeldes quienes los avalaron. Fueron ellos quienes los firmaron. Nadie tiene derecho a pretender cobrar rentas políticas en su nombre.
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