ucho se ha hablado de la deuda fiscal que el empresario de los medios, Ricardo Salinas Pliego y del “acuerdo” al que finalmente llegó. Al referirse al caso, el profesor Gerardo Esquivel escribió que si bien “(…) parece un acuerdo razonable en el que todos los involucrados parecen ganar (…), hay una dimensión en la que todos perdemos. Nos quedamos con la sensación, agrega, de que hubo un trato diferenciado (…) inequidad fiscal, al igual que muchas otras, debe seguirse señalando y combatiendo (Gerardo Esquivel, “Salinas Pliego y el SAT: ¿todos ganan?”, Milenio, 2/02/26).

Comparto con Esquivel la necesidad de combatir las prácticas y tratos diferenciados, sin desmedro de reconocer los aciertos del SAT.

Nada de esto impide subrayar que esas buenas prácticas recaudatorias no resuelven la precariedad fiscal del Estado mexicano ni subsanan los requerimientos ingentes de recursos adicionales para la salud y la educación, rubros de la vida pública que al final de los ejercicios y las celebraciones resultan particularmente sensibles a los sube y baja de la política hacendaria.

Nuestra carencia de recursos públicos no es nueva; de hecho, a lo largo de nuestra historia republicana se ha señalado con insistencia la baja y poco eficiente recaudación.

En opinión de no pocos conocedores de la cuestión fiscal mexicana, entre las causas de esta grieta histórica están el desinterés o incapacidad de los gobiernos y actores políticos para discutir dicha cuestión y apuntar a los principios centenarios de lo que podríamos llamar una hacienda pública moderna, a la altura de las complejidades de una economía diversificada y abierta como es la mexicana.

Al poco caminar por esta ruta ingrata de las finanzas del Estado, habremos de toparnos con la triste realidad de una especie de resignación, también histórica, ante la necedad de los grupos poderosos que mantienen como divisa la negativa a toda reforma destinada a acrecer los recursos del Estado e introducir formas de tributación más cercanas a la equidad y la justicia social. Compromisos constitucionales a los que poco honor se les hizo en este aniversario de la Carta Magna de 1917.

“Hacer más con menos” fue una lamentable idea para encarar esta carencia de fondo del Estado mexicano.

Ahora se ha impuesto la nefasta conseja de hacer lo que se pueda, sin tomar nota de los estragos que esta penuria, libremente adoptada por los grupos gobernantes, provoca en los tejidos básicos de la organización social y económica de la nación.

Desde esta perspectiva, aparte de saludar la iniciativa anunciada por parte del gobierno federal sobre un programa renovado de inversiones en infraestructura, hay que insistir en que ese bienestar tan buscado no se alcanzará ni en sus mínimos si la economía se mantiene sin crecimiento.

De acuerdo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, al plan “( se…) destinarán 722 mil millones de pesos adicionales a lo ya presupuestado para energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos (que) representan 2 por ciento del producto interno bruto (…)”

Un proyecto que, agregó el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, “(…) tiene como eje rector a la inversión pública por su capacidad para detonar el crecimiento”. (https://www.gob.mx/presidencia/pren sa/el-plan-de-inversion-en-infraestruc tura-para-el-desarrollo-con-bienestar- contempla-en-2026-2-adicional-del- pib-y-5-6-bdp-al-2030).

A este consenso primario sobre la inversión y el crecimiento, como ejes de una recuperación durable, hay que agregar la confianza, crucial en el mundo del capital y las finanzas privadas. Sin ésta, como bien lo apunta este viernes Enrique Quintana en su columna de El Financiero, todo el proyecto de recrear la maltratada economía mixta mexicana quedará en una espera desolada, poblada por el encono y el reclamo sin cauce.

Sin contar con una nueva visión integral capaz de alinear instrumentos con objetivos –crecer y distribuir–, lo que implica aumentar significativamente los ingresos públicos, los mexicanos seguiremos dando vuelta a la noria de la mediocridad que en nuestro caso ha significado escaso crecimiento, aumento de la precariedad y deterioro social.

Hay que ver juntos el futuro, pero sobre todo hay que compartir diagnóstico y voluntades para darle a la referida iniciativa gubernamental una dimensión de estado y de política de largo alcance. Y para esto no tenemos con nosotros todo el tiempo del mundo.