Tras su visita a México, el Subcomité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Prevención de la Tortura reconoció que el país ha demostrado compromiso político para combatir y prevenir este delito, y ha logrado importantes avances, pero manifestó su preocupación por “los persistentes problemas en la pronta y efectiva investigación” de los casos y la lucha contra la impunidad, al igual que urgió a fortalecer las medidas de prevención.

Destacó que tomó nota de “las preocupantes” condiciones y prácticas coercitivas en centros de tratamiento de adicciones, “que operan sin la debida regulación, lo que supone un grave riesgo de malos tratos”. Esta situación, afirmó, “requiere una acción urgente y decisiva por parte del Estado”.

En un comunicado, también señaló las brechas que existen entre el marco jurídico, las políticas y su instrumentación en la práctica. “Persisten desafíos en relación con la implementación. Así, la legislación nacional prohíbe la institucionalización involuntaria, pero esta no fue la realidad que (los expertos) pudieron observar”.

Una delegación del subcomité estuvo por tercera vez en México, del 25 al 30 de enero pasado, una década después de su segunda visita, en 2016.

El grupo de expertos reconoció los avances logrados, con la adopción de “medidas legislativas clave, entre ellas la Ley General para la Prevención de la Tortura en 2017 y la Ley General de Salud en 2023”. El gobierno, resaltó, también estableció fiscalías especializadas para investigar actos de tortura y fortaleció su Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) con un marco jurídico “sólido y recursos adecuados”.

No obstante, “queda mucho por hacer con respecto a la implementación de medidas de prevención de la tortura”, declaró Carmen Comas-Mata, jefa de la delegación, quien agradeció la colaboración del Estado en esta visita.

“Nos preocupa principalmente la situación observada en los centros de tratamiento de adicciones, especialmente aquellos que operan de forma privada y al margen de un marco regulatorio adecuado”.

En su misión, el Subcomité visitó cárceles para hombres y mujeres, comisarías, hospitales siquiátricos y centros de tratamiento de adicciones. Además, llevó a cabo entrevistas confidenciales con detenidos y personal.

También realizó visitas junto con diversas instituciones, así como con el MNP y mantuvo sus habituales reuniones con autoridades gubernamentales y otras partes interesadas.

Comas-Mata indicó que la delegación valora positivamente el reforzamiento y el adecuado funcionamiento del MNP, pero enfatizó que es fundamental que se nombre con prontitud a todos los miembros de su comité técnico y se restablezca la cooperación con la sociedad civil.

El subcomité informó que presentará un informe confidencial, con sus conclusiones y recomendaciones, al gobierno federal, por lo que lo alentó a hacerlo público y a colaborar constructivamente en su puesta en marcha.