l pasado 26 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en voz de su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, rindió su informe de actividades de 2025 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Como era de esperarse, su comparecencia se produjo bajo la sombra del debilitamiento institucional y la polarización que han caracterizado a una CNDH sumamente plegada al gobierno federal. En el contexto de las condiciones de deslegitimación y pérdida de autonomía de este organismo, el informe presentado sólo ha reavivado la necesidad de poner bajo el foco las múltiples dudas y deudas de este organismo jurídicamente autónomo frente a las necesidades reales de las víctimas en nuestro país y del, hoy quizá más urgente que nunca, fortalecimiento de la agenda de derechos humanos.
Con motivo del informe, Rosario Piedra presumió las siguientes cifras del último año de trabajo: 238 mil 917 personas atendidas, fueron emitidas 156 recomendaciones ordinarias o particulares y 29 recomendaciones por violaciones graves de derechos humanos, se promovieron 87 acciones de inconstitucionalidad, se emitieron 23 medidas cautelares y se llevaron a cabo 278 visitas de supervisión de centros penitenciarios. Sostuvo, además, que entre 2020 y 2024 se observó reducción sostenida de quejas por violaciones graves asociadas a periodos de violencia estructural del pasado, y que las violaciones a derechos humanos en general están a la baja, pues los hechos presuntamente violatorios de los mismos reportados en expedientes de queja de la CNDH se redujeron 13.3 por ciento en el plano federal y 8.1 por ciento en el ámbito local.
La narrativa que acompañó la presentación de cifras fue consistente con la pauta de comunicación de la CNDH en los últimos años, caracterizada por abierta defensa de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Así, Rosario Piedra afirmó que la comisión a su cargo ha priorizado acciones preventivas para evitar violaciones a derechos humanos y ha dejado de servir a caprichos o agendas interesadas de actores o partidos políticos.
Sin embargo, es necesario cuestionar, más allá de los números y los discursos, cuál es la verdadera contribución de la CNDH en la reivindicación de los derechos de las víctimas en México, que viven un momento crítico y no dejan de multiplicarse en cada vez más amplios territorios de nuestra geografía, ensombrecidos por la macrocriminalidad, la violencia y la impunidad. En tal tesitura debemos recordar, por ejemplo, que la propia CNDH ha emitido posicionamientos en favor de decisiones abiertamente contrarias a lo establecido por los instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la prisión preventiva oficiosa, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y la militarización de la vida pública del país.
En tal sentido, la disminución de las quejas asociadas a actos cometidos en la presente administración, que se presume como logro, en los hechos es la expresión de haber dado la espalda a las víctimas actuales al ignorar los otros modos de violencia que siguen recrudeciéndose en nuestro entorno, tales como la desaparición de personas y el número de masacres y eventos violentos con alto componente de crueldad que sigue en aumento y de los cuales dan cuenta cotidianamente los medios informativos.
Por lo tanto, es pertinente cuestionar si la disminución registrada de los actos violatorios en el actual sexenio obedece a la verdadera mejora en la situación de los derechos humanos o bien producto de un sesgo en el registro de violaciones; sesgo que profundiza la enorme brecha existente entre las víctimas y la comisión. Esto es especialmente notorio cuando contrastamos la afirmación en la que, en su informe, Rosario Piedra asegura no haber recibido quejas en contra de autoridades federales por actos directos de desaparición forzada, limitándose a consignar quejas por omisiones en las labores de investigación y búsqueda.
Lejos de dar por perdida a la CNDH, es necesario hacer un cuestionamiento crítico de su actuar, poniendo en el centro a las víctimas y a la perspectiva de derechos humanos y tomar distancia de los cuestionamientos afines a alguno de los bandos partidistas que poco aportan a una discusión seria del papel de la CNDH. La búsqueda de un sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos efectivo puede pasar sí por la revisión de las facultades y atribuciones de la comisión, así como del carácter vinculante de sus recomendaciones, tal como se pretende, pero toda vez que se tenga garantizada una auténtica autonomía e imparcialidad del organismo en el contexto de un proceso serio de fortalecimiento institucional, condiciones que, por cierto, no son las que hoy prevalecen.
Frente a la cruenta realidad que vivimos en México y de cara al continuo rebasamiento de las instituciones para la atención de víctimas de violaciones múltiples a derechos humanos, es necesario refrendar la importancia de una institucionalidad fuerte y competente, y no la continuidad del proceso de debilitamiento institucional que la CNDH disfraza en su informe como signo de austeridad. La CNDH será verdaderamente del pueblo cuando asuma su papel como dique contra los abusos del poder público y ponga en el centro a las víctimas y la protección de sus derechos.
