urante décadas, México sostuvo una política exterior que, con todos sus matices y contradicciones, conservó un rasgo singular: la defensa de la soberanía como principio operativo, no como consigna retórica. Esa tradición sobrevivió a cambios de régimen, a giros ideológicos y a presiones externas de todo tipo. Incluso en los momentos de mayor cercanía con Estados Unidos, México mantuvo una línea clara: no participar en el cerco político y económico contra Cuba.

Esa continuidad histórica se ha roto. El contexto inmediato del giro es conocido. Washington ha dejado claro que impondrá aranceles y sanciones indirectas a los países que continúen exportando petróleo a la isla. Frente a ese escenario, México opta por retirarse del suministro energético y presentar la decisión como una reconfiguración de su apoyo: menos petróleo, más “otro tipo de ayuda”. La lógica es transparente. Se busca evitar el castigo comercial trasladando la solidaridad a un terreno menos conflictivo desde el punto de vista de la relación bilateral.

Sin embargo, ese desplazamiento no es neutro. Cambiar petróleo por ayuda humanitaria no equivale a sostener una política de autonomía, sino a adaptarse a los márgenes definidos desde fuera. La asistencia puede aliviar carencias puntuales y atender urgencias inmediatas, pero no sustituye el significado político de mantener una relación energética en un contexto de cerco explícito. El mensaje implícito es claro: México acepta los límites impuestos y reorganiza su política exterior dentro de ellos.

La decisión no puede leerse como un ajuste técnico ni como una medida administrativa aislada. Es, en los hechos, un giro de política exterior. No porque México tenga la capacidad material de determinar el destino de la isla –no la tiene–, sino porque abandona una posición histórica que le otorgaba un lugar propio, reconocible y respetado en el mapa diplomático latinoamericano.

Conviene ser precisos. Cuba no enfrenta hoy una crisis por la conducta de México. Las causas de su fragilidad son estructurales, acumuladas y profundas: décadas de bloqueo, agotamiento del modelo productivo, tensiones internas no resueltas y una coyuntura internacional crecientemente adversa. Pensar que la caída o transformación de un régimen puede explicarse por una sola decisión externa sería un error analítico grave y una simplificación histórica.

Pero en política internacional, los símbolos importan tanto como los flujos materiales. México no era un proveedor decisivo de energía para Cuba. Su peso no residía en los volúmenes ni en los contratos. Era algo distinto: un anclaje político, un recordatorio persistente de que no toda América Latina aceptaba sin más la lógica del aislamiento y el castigo. Al retirarse de ese lugar, México no “derriba” a Cuba, pero legitima el cerco y contribuye a normalizar una política que históricamente cuestionó desde el principio de no intervención.

El costo principal de esta decisión, sin embargo, no está en La Habana, sino en la Ciudad de México. Al ceder bajo presión, el Estado mexicano envía un mensaje inquietante: la soberanía deja de ser un principio rector para convertirse en una variable negociable. Se instala la idea de que, ante determinadas condiciones externas, la autonomía puede suspenderse de manera pragmática, sin mayor deliberación pública. Ese precedente es más grave que cualquier cálculo coyuntural sobre relaciones bilaterales o equilibrios momentáneos.

Para la izquierda latinoamericana –incluso para aquella que ha sido crítica del régimen cubano–, el significado es claro. No se leerá como realismo ni como prudencia estratégica, sino como abandono de una tradición que distinguía a México incluso frente a gobiernos abiertamente conservadores del pasado. La pérdida es simbólica, pero las pérdidas simbólicas suelen tener efectos duraderos y difíciles de revertir.

Este giro no ocurre en el vacío. Forma parte de un contexto más amplio en el que la política exterior se redefine crecientemente desde el miedo: miedo a las sanciones, miedo a la inestabilidad financiera, miedo a la incomodidad diplomática. El problema no es reconocer las asimetrías de poder –siempre han existido–, sino convertirlas en el criterio rector de la acción estatal.

Cuando eso sucede, la política exterior deja de ser estrategia y se transforma en mera administración de riesgos. Se privilegia la contención inmediata sobre la proyección de largo plazo. Se evita el conflicto, pero al costo de renunciar a una voz propia.

La historia no suele juzgar con severidad los errores tácticos ni las decisiones adoptadas bajo presión. Pero sí registra con claridad los quiebres de principio. En el largo plazo, lo que quedará no será la explicación técnica ni la coyuntura específica, sino el momento en que México dejó de ser excepción y aceptó, sin demasiada resistencia, el papel que otros le asignaron.

No es una cuestión de nostalgia ni de romanticismo ideológico. Es una advertencia histórica. Los países que renuncian a sus tradiciones de autonomía rara vez recuperan fácilmente el lugar que abandonan. Y cuando intentan hacerlo, suelen descubrir que el costo fue mayor de lo que en su momento parecían dispuestos a reconocer.