l Espacio Aéreo Mexicano se define y protege mediante un marco jurídico internacional y nacional y se ejecuta a través de instituciones civiles y militares especializadas actuando con base en derecho internacional del que somos signatarios a través de la Convención de Chicago de 1944.
Cada Estado tiene soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio y su mar territorial (hasta 12 millas náuticas, aproximadamente 22 kilómetros), México, como Estado firmante, ejerce control sobre el espacio aéreo que cubre: su territorio continental, sus islas y su mar territorial.
El mar patrimonial es un concepto del Derecho Internacional del Mar que se refiere a la franja marítima adyacente a las costas de un Estado en la cual este ejerce derechos soberanos para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales.
Jurídicamente se denomina Zona Económica Exclusiva (ZEE) que se extiende hasta 200 millas náuticas (aproximadamente 370 kilómetros) contadas desde las líneas de base del mar territorial.
Rige también el marco jurídico nacional, básicamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Aviación Civil y Ley de Aeropuertos, que recientemente han sido actualizados con poca simpatía por parte de los pilotos, principales usuarios, quienes se quejan del mal servicio.
El Espacio Aéreo está dividido según su usufructuario en clases, siguiendo estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), según: tipo de vuelo (civil, comercial, militar), nivel de control, altitud y densidad de tráfico Esta delimitación permite ordenar y regular el tránsito aéreo de manera segura.
El Espacio Aéreo Mexicano se protege de forma integral, combinando control civil y defensa militar. El control del tránsito aéreo (ámbito civil) está a cargo de Seneam (Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano), cuyas funciones principales: supervisar vuelos comerciales y privados, autorizar rutas, altitudes y horarios, sobre meteorología, prevenir colisiones y ordenar el tráfico aéreo, misma autoridad una vez encabezada brillantemente por el ingeniero Kobeh González.
La defensa aérea (ámbito militar), responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional es a través de la Fuerza Aérea Mexicana y sus medios de protección: radares de vigilancia aérea (fijos y móviles), aviones interceptores, bases aéreas estratégicas, centros de mando y control con funciones clave: Detectar aeronaves no identificadas e interceptar vuelos ilegales, vigilar fronteras y zonas marítimas y responder ante amenazas a la seguridad nacional
La tecnología que evoluciona tan rápidamente obliga a una constante capacitación de personal y reposición de equipos sumamente costosos, súmese a ello el aumento de rutas y el creciente tránsito aéreo en ellas.
Principio fundamental del orden y seguridad es que el Espacio Aéreo Mexicano se protege bajo el principio de soberanía nacional, respetando el derecho internacional proveyendo el mejor uso pacífico del espacio aéreo.
Los ordenamientos se complementan en el mundo militar sujetando todo plan de tránsito sobre espacio aéreo extranjero, haciendo oportunamente la solicitud de autorización de sobrevuelo, así se llama, del país cuyo espacio aéreo cruzará una o varias naves del país solicitante.
Tal debió ser el caso, convertido en lloroso escándalo del avión C-130 que aterrizó en Toluca del que no supimos qué trajo o qué se llevó, omisiones mexicanas, no violaciones norteamericanas.
Hace algunos días surge el motivo central de este artículo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) lanzó una alerta a las líneas aéreas estadunidenses pidiendo precaución cuando sobrevuelen espacio aéreo de países como México, Colombia, Ecuador y otros de Centroamérica por el peligro que se ha generado por “actividades militares” e interrupciones del Ground Position Sistem (Sistema de posicionamiento con referencia a la superficie).
Las actividades militares en la zona del Pacífico oriental y el mar Caribe se intensificaron hace varios meses cuando el Pentágono puso en marcha la operación Lanza del Sur, con el argumento de combatir el narcotráfico, en el marco de la cual bombardeó embarcaciones a las que acusó, sin presentar pruebas, de transportar drogas.
Dadas las circunstancias en la zona, derivadas de los acontecimientos en la confrontación EU-Venezuela, los anuncios fúricos de Trump y nuestros pecados falsos o reales sobre la materia, sería de esperarse algún incidente fatal, por lo que nuestras autoridades debieran tenerlo en cuenta, como seguramente lo están haciendo, incorporando las inconformidades de los pilotos agrupados en ASPA (Asociación Sindical de Pilotos Aviadores), prestigiosa organización cuyas demandas han sido constructivas y sus quejas fundadas.
Destacan aquellas quejas referidas a la seguridad, capacitación, reclamos por medidas de la autoridad y muy recientemente por la contratación de pilotos extranjeros, negándose a aceptar tres hechos: Uno, que las escuelas nacionales de pilotos son insuficientes; Dos, que dichas contrataciones no es un acto inconstitucional y que, además, Tres, que a nivel mundial hay una oferta insuficiente de pilotos.
