La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reformó las reglas que regulan el contenido nacional en las compras públicas, con el propósito de garantizar que los bienes adquiridos por la administración federal cuenten con un contenido nacional mínimo de 65 por ciento y que ese beneficio se refleje directamente en la economía del país.

El acuerdo fue publicado ayer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación y reforma las disposiciones vigentes desde 2010 y su actualización de 2025, relativas a la determinación y verificación del contenido nacional en la adquisición de bienes y en la contratación de obras públicas por parte del gobierno federal.

En un comunicado, la dependencia señaló que las modificaciones, que entrarán en vigor el 1º de enero de 2027, buscan aprovechar el poder de compra del Estado como una herramienta para impulsar la industria nacional, fortalecer las cadenas productivas internas y promover una prosperidad compartida, en línea con los objetivos del Plan México.

Destacó que el nuevo marco normativo “es resultado de un proceso de construcción participativa”, que incluyó mesas de diálogo con proveedores del gobierno, como las industrias textil y de dispositivos médicos, lo que permitió diseñar reglas realistas y basadas en la evidencia.