De manera abrupta, unilateral y sin aviso previo, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, suspendió el programa Estancias Infantiles para el Desarrollo de la Niñez, dejando en la incertidumbre educativa, a mitad del ciclo escolar, a 160 niñas y niños que dependían de este apoyo, denunciaron madres y padres afectados.

Por conducto del personal docente, las familias fueron notificadas de que a partir de enero debían cubrir colegiaturas completas, luego de que la alcaldía les comunicó de forma “verbal e informal” que dejaría de aportar 50 por ciento del subsidio, sin documento oficial ni notificación institucional.

La cancelación del programa anunciada por el gobierno panista de Benito Juárez –que en el discurso se dice defensor de la niñez–, evidencia una doble narrativa y uso político de la infancia, señaló la concejal de Morena Sofía Vélez, quien acompaña a las familias afectadas.

“Cuando se trató de las disposiciones federales de 2019, sólo buscaron sacar raja política. Hoy, sin explicación ni responsabilidad institucional, abandonan a las niñas y niños que decían defender”, expresó.

Vélez también cuestionó que la suspensión se realizara sin diálogo con madres y padres de familia, sin mecanismos de información pública y vulnerando directamente el derecho a la educación de las infancias. Recordó que, de acuerdo con las reglas de operación de la propia alcaldía, el programa claramente señala la entrega de 12 ministraciones mediante beca, de las cuales sólo se otorgaron cinco, incumpliendo el marco normativo interno.

Asimismo, expuso que ante la falta de transparencia han solicitado informes para confirmar si sólo son 160 beneficiarios, el número de apoyos que se dio a cada familia, qué cantidad de recursos se entregaron del programa, porque se tenían previstos 2 millones 400 mil pesos, “pero sólo, dicen las familias, les dieron cinco de los 12 apoyos programados”.

Ante estos hechos, madres y padres de familia interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por posibles violaciones al derecho a la educación, al interés superior de la niñez y a la seguridad jurídica, derivadas de la cancelación del programa sin procedimientos legales ni administrativos claros.