Ante el creciente número de ciberataques contra instituciones públicas, es necesario considerar a las bases de datos personales y poblacionales como un tema de seguridad nacional, al darles estatus de “infraestructura crítica” del país y aumentar las penas de cárcel para quienes las vulneren, especialmente si son servidores públicos.

Así lo afirmó el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM), quien en entrevista conjunta con el experto en seguridad digital Martín Barragán indicó que las bases de datos deben tener el mismo nivel de importancia que las instalaciones eléctricas o los aeropuertos, por lo que propuso una iniciativa para endurecer las sanciones en ese ámbito.

Aunque en México las bases de datos en manos de organismos gubernamentales ya tienen cuidados especiales, por su importancia se requiere que estén protegidas “a otro nivel”, por lo que es necesario establecer medidas “de mayor peso legal que deriven en sanciones para las personas que impacten esta infraestructura”, señalaron.

Actualmente, explicó Delgado, las penas de cárcel en contra de quienes cometen esta falta van, en algunos casos, de 4 a 8 años, aunque varían en función de diversos factores, entre ellos la entidad donde se cometió el delito.

Por ello, la iniciativa –que ya se presentó en la Comisión Permanente y fue turnada a las comisiones ordinarias de Seguridad y Economía– propone instituir sentencias de 5 a 15 años a las personas que comercialicen, vulneren y/o transmitan las bases de datos poblacionales, con agravantes específicas en caso de que el responsable sea un servidor público.

Para ello, se realizarían cambios en diversos artículos de las leyes de Seguridad Nacional, General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Orgánica de la Administración Pública Federal, así como del Código Penal Federal.