l próximo martes 3 de febrero de 2026 se inicia oficialmente el segundo semestre del año lectivo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se espera el regreso de más de 30 mil estudiantes de posgrado, 232 mil de licenciatura y 106 mil de bachillerato. La pregunta es inevitable: ¿en qué condiciones y bajo qué modalidades (presencial o en línea) volverá la comunidad a sus escuelas y facultades?

El semestre pasado, más de 35 entidades académicas estuvieron en paro. En varias, las clases se restablecieron únicamente en línea; en otras, nunca regresaron a actividades. Los casos más complejos se vivieron en el CCH Sur y en la Facultad de Arquitectura. Nada de esto fue aislado ni puede entenderse sin considerar la respuesta institucional: las autoridades centrales y locales no reconocieron la magnitud de los trances que atravesó la Universidad. No hubo diagnóstico serio ni balance público sobre los problemas que siguen enfrentando estudiantes, personal académico y trabajadores. Los acuerdos que permitieron levantar paros en algunos planteles se sostienen con alfileres; en otros, el diálogo se rompió y nunca se alcanzaron compromisos.

En ausencia de diagnóstico, se multiplicaron las soluciones improvisadas. La virtualidad, extendida durante la pandemia, se volvió un recurso recurrente, aunque su impacto en la formación, la socialización estudiantil y la vida cotidiana universitaria sigue poco estudiado. Aun así, en múltiples escuelas y facultades se optó por las clases en línea como salida de emergencia frente a las movilizaciones. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por ejemplo, la dirección decidió continuar con las clases virtuales aun cuando ya había concluido el paro.

Esta lógica de evasión se volvió crítica en situaciones límite. En el CCH Sur no hubo regreso a actividades presenciales tras el asesinato del estudiante Jesús Israel Hernández al inicio del semestre. El cuerpo directivo de la UNAM, tanto a nivel central como en el plantel, no ha tenido la sensibilidad ni el tino para promover el retorno de la comunidad con el fin de socializar, procesar y afrontar colectivamente una experiencia traumática: el asesinato de un compañero.

El panorama del regreso a clases abre, entonces, dudas razonables y una incertidumbre que no es casual: responde a complicaciones arrastradas por décadas. A dos años de la actual rectoría, muy poco se ha hecho para encarar los problemas estructurales que padece la UNAM. A la inseguridad y la incertidumbre denunciadas por los movimientos estudiantiles se suma la persistencia de desigualdades y de la violencia de género, más atendidas en el discurso que transformadas en la vida cotidiana.

Lo anterior no es coyuntural. Los conflictos de todos los días revelan fallas más profundas en el modelo institucional. Ese modelo de UNAM está agotado: una universidad hiperconcentrada en la investigación en detrimento de la docencia; una enseñanza sostenida por personal de asignatura en condiciones precarias; un estudiantado colocado en los márgenes de la vida universitaria, y el encumbramiento de las burocracias por encima de los sectores académicos. La debilidad de la vida colegiada, la representación restringida y controlada, así como la participación limitada en la toma de decisiones y en el nombramiento de autoridades, profundizan la crisis.

Esta estructura obsoleta se reproduce en la lógica directiva: más preocupada por mantener el orden establecido que por analizar problemas y proponer cambios. No es nuevo; obedece a dinámicas de poder consolidadas por décadas. Grupos que han dominado la Universidad reaccionan a cualquier propuesta de transformación reafirmando normas, estructuras y procesos que rigen desde hace mucho y que ya no corresponden a la magnitud y complejidad de la Universidad que hoy existe. Se niegan a estudiar a fondo la necesidad de cambios sustantivos.

Las consecuencias están a la vista: desencanto y desmoralización. Los problemas locales y generales crecen y se vuelven abrumadores. Un ejemplo es la ocupación persistente del auditorio Che Guevara y su impacto en el deterioro del tejido social y de la convivencia en la Facultad de Filosofía y Letras. A 26 años de la toma de ese espacio emblemático, la rectoría evita resolver de fondo y elude asumir compromisos claros.

Este cuadro contrasta con las promesas de renovación. El 9 de noviembre de 2023, el rector recién nombrado sostuvo que la UNAM “debe saber conservar aquello que forma parte sustancial de la institución, pero también tener la sensibilidad de identificar los cambios y la forma de procesarlos sin estridencias, de manera prudente, pero sí con la firmeza que permita que la universidad esté al día ante los retos que tenemos en el país y en el mundo”. Hasta ahora, lo que se ha mostrado –con estridencia– es poca sensibilidad y las posturas más conservadoras.

En suma, si persisten la ambigüedad, la evasión y la falta de atención a los problemas, la incertidumbre ante el nuevo semestre será comprensible. Una vez más, la esperanza y la posibilidad del cambio universitario radican en el compromiso de sus comunidades: en su capacidad para exigir diagnósticos serios, deliberación colegiada real y decisiones que coloquen a la docencia, la vida estudiantil y el trabajo académico en el centro de la Universidad.