n las últimas semanas, el gobierno mexicano ha comenzado a tomar decisiones que ya no pueden presentarse como simples ajustes técnicos de política comercial. La imposición de aranceles a países “con los que México no tiene tratado” apunta de manera inequívoca a China y constituye una señal política clara: México ha optado por alinearse de forma anticipada con la estrategia comercial y geopolítica de Estados Unidos rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en 2026.
Estados Unidos no busca romper el tratado. Busca algo más eficaz: endurecerlo. El segundo mandato de Donald Trump ha dejado claro que la presión ya no se ejercerá principalmente mediante aranceles generales, sino a través de barreras no arancelarias. Normas laborales, exigencias ambientales, reglas de trazabilidad, certificaciones técnicas y cláusulas de seguridad nacional se han convertido en instrumentos permanentes para condicionar el acceso al mercado estadunidense sin violar formalmente el acuerdo. Se trata de un proteccionismo sofisticado, selectivo y políticamente defendible.
En este esquema, el capítulo laboral del T-MEC ocupa un lugar central. Lejos de operar como un mecanismo excepcional de defensa de derechos, se ha transformado en una herramienta de intervención directa sobre plantas específicas, con capacidad de sanción cuasi automática y efectos sectoriales. No se trata de un detalle técnico: es una forma de control productivo que permite disciplinar cadenas enteras sin tocar el texto del tratado.
México ha comenzado a adaptarse a esta lógica antes incluso de la negociación formal. Al cerrar preventivamente su política arancelaria frente a Asia, el país acepta de facto operar como frontera económica avanzada de Estados Unidos. No es sólo una decisión comercial, sino una renuncia progresiva a la soberanía regulatoria. La política económica interna empieza a ajustarse a estándares definidos fuera del país, reduciendo el margen de maniobra futuro.
La narrativa oficial intenta justificar este giro con un argumento sectorial: el sector automotriz se contraerá, mientras que el electrónico se expandirá. Esta afirmación contiene elementos reales, pero está siendo utilizada de forma engañosa. Es cierto que la manufactura electrónica ha mostrado dinamismo reciente, impulsada por exportaciones y relocalización productiva. Pero ese crecimiento no equivale a una transformación estructural ni garantiza mayor valor agregado nacional. En muchos casos, reproduce el mismo patrón: ensamblaje, alta dependencia de insumos importados y orientación casi exclusiva al mercado externo.
Sin una política industrial explícita, la supuesta transición del automóvil a la electrónica no representa un salto cualitativo, sino un simple cambio de especialidad dentro del mismo modelo dependiente. A ello se suma una restricción central pocas veces mencionada: el T-MEC limita severamente el uso de compras públicas, contenido nacional y poder de compra del Estado como palancas de desarrollo. El resultado es un país integrado, pero con el Estado maniatado para impulsar a sus propios productores.
El flanco energético confirma esta asimetría. México ya ha enfrentado paneles y presiones en este ámbito, y cualquier intento futuro de fortalecer la regulación interna será leído como barrera no arancelaria. La experiencia muestra que Estados Unidos sí puede castigar sectorialmente; México no tiene una capacidad de represalia simétrica. La relación no es entre pares, sino jerárquica.
En este contexto, conviene dejar de hablar en abstracto. Marcelo Ebrard no es únicamente el encargado del T-MEC. Se ha convertido, de facto, en el zar económico de México. Las decisiones estratégicas en materia comercial, la relación con Estados Unidos, la adaptación regulatoria y la narrativa de certidumbre pasan hoy por la Secretaría de Economía. Hacienda administra la estabilidad macroeconómica; Economía define el rumbo. Y ese rumbo tiene un responsable político perfectamente identificable.
Esto implica una responsabilidad histórica directa. Lo que México conceda, anticipe o acepte en materia de reglas de origen, estándares regulatorios, energía, trabajo y barreras no arancelarias no será resultado de una fatalidad externa, sino de una conducción concreta. El T-MEC ha dejado de ser un instrumento para convertirse en sustituto de estrategia, y esa sustitución tiene autor.
México avanza hacia una semiunión aduanera de facto, sin los beneficios fiscales o políticos de una unión formal, pero con una pérdida creciente de autonomía comercial e industrial. La revisión de 2026 no será un debate técnico, sino una definición política mayor. La pregunta no es si el tratado se sostiene o se rompe, sino qué proyecto nacional existe más allá de él.
Si ese proyecto no aparece, el país seguirá ajustándose a reglas ajenas, confundiendo alineamiento con desarrollo y disciplina externa con crecimiento. Y cuando se evalúen las consecuencias, será inevitable señalar al mando económico que decidió el camino.
