Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirigió este lunes al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, para aclararle que ella obedece sólo al pueblo del país bolivariano y que éste “no recibe órdenes de ningún factor externo”.

Bessent declaró más temprano que la dirigencia venezolana debía ver las imágenes del presidente, Nicolás Maduro, siendo secuestrado el 3 de enero para entender que debían “seguir las órdenes de Estados Unidos”.

Durante una reunión con empresarios petroleros nacionales y extranjeros a propósito de la consulta pública de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, Rodríguez pidió permiso a los presentes para responder a lo que calificó de una provocación y declaraciones “poco pertinentes y ofensivas” por parte del alto funcionario de Estados Unidos.

“El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. Tiene gobierno y éste obedece al pueblo; no tenemos otro factor externo a quien obedecer”, expresó la presidenta encargada.

Sin miedo a relaciones con Estados Unidos

Aseguró también que el gobierno que lidera no teme a ningún poder extranjero y que tiene plena conciencia de las amenazas personales que recibe desde el mismo 3 de enero y las asumió cuando el día 5 juramentó como presidenta encargada ante el secuestro del mandatario Nicolás Maduro.

Asimismo, afirmó que tampoco tiene miedo a relaciones con Estados Unidos, “pero deben ser de respeto a la legalidad internacional, del respeto humano mínimo en relaciones interpersonales y a la dignidad y a la historia de Venezuela”.

La presidenta encargada adelantó unos datos acerca de la expectativa sobre inversión extranjera privada. Expresó que prevé un aumento de 55 por ciento en la llegada de divisas para el sector hidrocarburos durante 2026.

“El año pasado la inversión fue casi 900 millones de dólares y para 2026 se firmó y se proyectó una llegada de capitales por mil 400 millones de dólares”, precisó.

La reforma debatida en la Asamblea Nacional busca reimpulsar la industria petrolera y atraer inversiones con el fin de aumentar la producción.

Próxima a su aprobación definitiva, propone afianzar la figura de los contratos de participación petrolera, que permitirán a empresas nacionales y extranjeras asociarse con el Estado y ejecutar operaciones de exploración y extracción con mayores flexibilidades, bajo un esquema contemplado en la Ley Antibloqueo, legislación especial creada para hacer frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos.