“Soy jueza y sufro la impunidad que protege a mi agresor. No quiero imaginarme lo que sufren miles de mujeres violentadas que no tienen mi puesto”, dice Suzette Soto Pinacho, víctima de violencia de género y jueza de control en materia penal, así como visitadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca.

En los pasillos del tribunal de justicia de Oaxaca, en su proceso de divorcio, ha pasado de ser juez a usuaria. Ahí se ha dado cuenta del abandono institucional y la falta de sensibilidad del estamento judicial hacia las distintas violencias que padecen las mujeres en México.

Su agresor, Jaime Alberto Castellanos del Campo, está vinculado a proceso por cuatro delitos. Dos por sustracción de sus hijos de 14 y ocho años, otro por desobedecer las tres órdenes de protección y uno más por incumplimiento de pago de pensión alimentaria durante 11 años.

En el expediente 580/2013 tiene un adeudo de un millón y medio de pesos por pensión, y a pesar de que el juzgado le ha requerido que pague en cinco ocasiones –la última, en noviembre pasado– ha hecho caso omiso.

Además, fue librada una orden de aprehensión en su contra, aunque en sus redes sociales difunde videos diciendo que está en Tijuana, en la casa del empresario y político Hank Rhon y que lo protege un cartel de la droga.

“Sube videos en contra mía, tengo más de 20 con amenazas directas. Me llama Satanás, dice que soy el ser más vil de esta Tierra. Él padece un trastorno siquiátrico y temo por mi vida, sobre todo por su relación con Amador Jara, hermano del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien, cuando le preguntaron sobre mi caso, declaró que a nadie se le debe prohibir ver a sus hijos, sobre todo cuando pagan pensión. Las palabras del gobernador pesan.”

Personalidad encantadora

Suzette cuenta que inició su relación de pareja con el ahora imputado en 2009. “Todo fue demasiado rápido. Él era encantador, como todos esos perfiles de hombres narcisistas”.

Dice que a los seis meses quedó embarazada de su primer hijo, pero tuvo que dejar la capital de Oaxaca en 2010 porque la enviaron como jueza de Salina Cruz. “Entonces me di cuenta de muchas cosas, como infidelidades y mentiras. Decidí separarme, pero cuando regresé a la ciudad, él ya tenía a toda mi familia en una cena de bienvenida y, sin preguntarme, les comentó a todos que estaba embarazada y que nos íbamos a casar”.

Decidió hacerlo en 2011 en una boda espectacular que él preparó: “Él escogió hasta mi vestido de novia. Prácticamente yo llegué ese día a mi boda sin saber casi nada. Ya tenía unas dudas muy fuertes”.

Añade: “Empezaron los problemas inmediatamente. Al mes de casados, llegó dormir hasta las 7 de la mañana. Me fui a trabajar, y me hablaron diciendo que mi hijo recién nacido se estaba ahogando. Cuando llegué lo vi morado, con un ojo saliéndose. Mi suegra me dijo que el papá se había dormido y que estaba aplastándolo por haber llegado borracho”.

Divorcio y amenazas

Pasaron 10 meses y en 2013 se divorciaron. La violencia ejercida por Castellanos del Campo aumentaba. Cuenta Suzette que un día que fue por el niño al parque, su ex marido se negó a entregárselo. “Mi hijo se subió a mi coche llorando; el padre quitó la llave del auto y me dio un puñetazo en la mejilla. Fue cuando empecé a gritar pidiendo ayuda. Luego me fui a denunciarlo”.

Después interpuso la segunda denuncia penal por violencia de género, en 2014. “Cuando fue a dejarme al niño a mi domicilio, trató de pegarme, me aventó un florero para llevarse a mi hijo por la fuerza. Llegó la policía y él dijo que el niño no quería quedarse conmigo”.

Agrega que la amenazaba con dañarla en su trabajo. “Me decía ‘¿qué van a decir de una jueza que anda haciendo escándalos?’ Nunca pagó la pensión fijada en 2013, y a pesar de eso siempre le permití la convivencia”. Castellanos del Campo llenaba sus redes sociales con fotos de los niños, sin respetar el derecho a la privacidad.

En 2015 empezó a trabajar como secretario de Desarrollo Económico con el entonces presidente municipal de Oaxaca, Javier Villacaña Jiménez, quien lo despidió a los cuatro meses y luego lo denunció por extorsión; entonces ingresó a prisión.

“Segunda oportunidad”

Después las cosas cambiaron: “Estuvo un mes en la cárcel y salió muy arrepentido. Me buscó para decirme que tenía un problema siquiátrico y que se iba atender. Me pidió una nueva oportunidad. Siempre quiso regresar”.

Agrega: “Pensé que ese tratamiento iba a funcionar. El siquiatra habló conmigo diciéndome que había disposición para atenderse. En esos meses quedé embarazada de mi segundo hijo, que nació en 2018”.

A continuación, Castellanos del Campo buscó un puesto político con el ex senador del Partido del Trabajo Benjamín Robles Montoya. “Muy pronto me di cuenta de que era lo mismo, pues volvieron la violencia, las infidelidades, las mentiras; todo igual”.

El siquiatra le informó que su ex pareja tenía que medicarse y le recetó litio, pero él no se lo tomaba. “El médico identificó rasgos de un trastorno limítrofe de personalidad narcisista y bipolar”.

En 2019 decidió separarse. “Me salí con mis hijos cuando intentó pegarme nuevamente. Saqué lo que pude de mis cosas; se quedaron muchas de mis hijos, pero ya no me dejó entrar. Otra vez, amenazaba con que me iba a quitar a los dos niños”.

La salud mental de su ex marido se deterioraba más. “Durante 2020 y 2021 se grababa con sexoservidoras; subía muchos videos para evidenciar su conducta, en una crisis total donde mostraba que estaba drogado, y se veía muy agresivo, diciendo que era Ironman”.

Ella presentó una demanda en el juzgado: “Le preguntaba al juez cómo este señor iba a ver a mis hijos así; y a pesar de todo, le autorizaron videollamadas con ellos”.

En plena pandemia de covid, un día salió a la calle y vio decenas de anuncios espectaculares de él con los niños, de uno y siete años, con la leyenda “Oaxaca sin covid”, y los nombres de sus hijos. “Él es dueño de anuncios espectaculares. Le llamé para pedirle que bajara las fotos. No me hizo caso; tuve que promover un amparo para que le dijeran que lo hiciera”.

En 2023 lo emplazaron por su demanda. “Se molestó más porque pedí que se regularan las convivencias y el pago de la pensión. Le dije a la juez María Enriquez Hernández, del juzgado sexto familiar del centro, que tenía un trastorno siquiátrico narcisista, pero ella me dijo ‘que solamente se sentía guapo, que no influía’”.

El siquiatra le llamó en ese momento para decirle que su ex esposo estuvo internado en su clínica, a petición de su madre porque estaba en crisis. “Me dijo que era peligroso para mí y para mis hijos; que era importante suspender las conviviencias. Me explicó que estaba muy mal, que divagaba y caminaba descalzo, que tenía manías y depresiones. El diagnóstico fue trastorno de personalidad narcisista y paranoide. Incluso, me dijo que había manipulado a sus enfermeras porque le llegó una cuenta de comida por más de 7 mil pesos”.

A pesar de todo, el juzgado le autorizó las convivencias. “En los juzgados quieren terminar todo por convenio. Se le fijaron sólo 3 mil pesos de pensión alimentaria, y firmamos el convenio en 2023 para que empezara a ver nuevamente a los niños”.

Las convivencias autorizadas fueron un desastre durante un año, pero el progenitor incumplía. “Así estuvimos más de un año, hasta que siguió la manipulación con mi hijo. Luego empecé una nueva relación y no le gustó nada. A los tres meses tuvo un hijo con otra mujer. Pensé que se iba a calmar ya teniendo otro hijo, pero nada. Incluso, la mujer me grababa. Mi hijo me decía que yo era muy aburrida, que no salía ni tomaba y que no tenía visión de negocios, como su papá”.

El primer día de la secundaria fue a recoger a su hijo en el juzgado. “El señor ya lo tenía en medio de cinco abogados y ya no me dejaron acercarme al niño. Me dijo que él ya no quería vivir conmigo. La jueza dijo que él quería permanecer tres días con su papá y después regresaría con ella, y así se lo llevó”.

Pasaron 25 días y no regresaba al menor a pesar de los requerimientos judiciales. “No supe de mi hijo, no lo llevó a la escuela; obviamente, no me permitía comunicarme con él. Le mandaba mensajes para saber que estaba pasado, pero el papá me bloqueó”.

Luego, su ex marido promovió que escucharan al menor tres veces, en las cuales “el niño dijo que quería permanecer con su papá porque quería recuperar el tiempo perdido; que yo era muy enojona y que mi nueva pareja no le caía bien, que no le quería comprar cosas”.

A pesar de todo, la jueza autorizó las convivencias y ya no regresó al niño. “Fui al juzgado a decirles que no solamente se llevó a uno, sino también al otro. Lo llevó al juzgado para que dijera que ya no quería vivir conmigo. Denuncié la sustracción”.

Finalmente, en diciembre de 2024, un altercado violento entre el progenitor y su tía llevó a éste a la cárcel dos meses. Suzette recuperó a sus hijos y solicitó la suspensión de las convivencias. “Si esto no hubiera pasado, mis hijos seguirán con su papá, a pesar de sus brotes sicóticos y sus trastornos siquiátricos,” señala.

Suspira profundo y reconoce los errores del Poder Judicial, al que ella misma pertenece: “Tristemente, no conocen la violencia vicaria y minimizan todas las actitudes. Es muy lamentable que los jueces digan que los menores tienen que convivir porque es su papá. No analizan ni siquiera si son aptos. Estamos en total abandono. Mis hijos ya están afectados, yo estoy afectada. Son cicatrices que difícilmente se van a borrar”.