La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer de nuevo el caso de Mario Aburto Martínez, esta vez para resolver definitivamente si fue correcto el marco jurídico aplicado en la sentencia de 45 años de prisión que recibió por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 1994, al tratarse de un magnicidio.

La decisión del máximo tribunal puede derivar en su liberación o en la confirmación de la condena.

Con una votación de seis a dos, y después de que la ministra Sara Irene Herrerías Guerra fue declarada impedida para intervenir en el asunto, la SCJN aprobó ayer ejercer su facultad de atracción sobre el amparo directo 104/2021, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). En contra fueron María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa.

Con ello, resolverá “cuál es el parámetro para analizar un procedimiento penal sobre magnicidio bajo el sistema penal tradicional, a efecto de garantizar los derechos del quejoso (Aburto) y de la víctima”.

El caso fue reactivado en 2023, cuando el primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito concedió un amparo a Aburto y anuló la sentencia de 1994, que le impuso 45 años de prisión. En esa resolución se ordenó dictar un nuevo fallo conforme al Código Penal de Baja California –que establece una pena máxima de 30 años, ya cumplida–, no con base en el federal, aplicado originalmente.

La FGR impugnó esa decisión y llevó el asunto ante la Corte. En octubre de 2024, la entonces primera sala dejó sin efectos el amparo sin pronunciarse sobre el fondo y ordenó al tribunal colegiado reponer el procedimiento, incluida la citación de las víctimas indirectas –los familiares de Colosio– y la realización de las diligencias necesarias para emitir un nuevo fallo.

Pese a ello, ningún familiar del ex candidato presidencial priísta, asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, compareció ante la autoridad judicial. Así, la resolución del amparo directo 104/2021 se programó para el 9 de diciembre. Sin embargo, la sesión se canceló luego de que ese mismo día el ministro presidente, Hugo Aguilar, admitió la solicitud de atracción de la FGR.

Antes de la votación, Herrerías Guerra manifestó su impedimento para participar en la discusión y resolución de ambas solicitudes, al señalar que durante casi nueve años fue titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, encargada de la investigación penal del homicidio de Colosio.