penas un año después de la salida de cientos de jueces y magistrados, conforme a la aplicación de la reforma judicial, los resultados políticos son claros; al igual que la desatención oficial por el servicio de administración de justicia.
Las redes sociales muestran el desaseo de los nuevos juzgadores y la falta de pericia de ellos y sus auxiliares, sin mayores consecuencias; como la reciente pifia del nuevo secretario general de acuerdos de la suprema corte, primer nombramiento del actual presidente de la corte para ese cargo, que invirtió el sentido de una votación en el pleno de la suprema corte sin que los ministros electos se percataran a pesar de estar presentes en la sesión. Con dolo o culpa, modificar el sentido de una resolución judicial puede constituir un delito, pero el funcionario seguirá en el puesto: sólo se trata de un tramite judicial, sin consecuencia política, aunque el error del secretario compromete al presidente de la corte por haber designado a una persona sin la habilidad requerida para el puesto.
La supuesta curva de aprendizaje judicial, sin los resultados esperados, ha decantado a la indiferencia. La reciente renuncia, informada como inesperada, de una magistrada del órgano de administración judicial del poder judicial de la federación, más el cese inmediato de más de 60 trabajadores de su ponencia, cuyas oficinas fueron selladas, debe concatenarse con otros hechos y renuncias de jueces, como la convalidación judicial de la suprema corte de la extinción de 109 fideicomisos, decretada en la anterior administración del poder ejecutivo. Mediante el maquillaje judicial, el Congreso de la Unión salió avante en las controversias constitucionales tramitadas por gobernadores de oposición contra la extinción de los fideicomisos hecha por el gobierno federal desde 2020. Es la consolidación de un proyecto político funcional por integral: corte y ejecutivo tiene la misma idea política y actúan en cumplir con su meta conjunta. No hay separación de poderes. Son lados distintos del mismo objeto. Esto explica el desinterés en el aspecto administrativo judicial; poco importa el desempeño de los nuevos jueces pues los beneficios políticos verticales, ahora escudados por el nuevo poder judicial, son el objetivo ya alcanzado.
Las expresiones de los políticos confirman esta nueva realidad; incluso de los partidos afiliados al proyecto del gobierno, cuyos votos legislativos hacen diferencia. Ante la posible reforma electoral, es significativo que el diputado del PT afirme que los partidos en el poder tienen ya al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial, lo cual, le parece, hace innecesaria la reforma electoral. Más allá de que los partidos satélites lleguen a constituir el único freno, aunque sea transitorio, del partido oficial o que aquellos argumenten todo para no perder sus beneficios económicos, que se exponga con esa firmeza que los tres poderes de la unión pertenecen a la oficialidad es revelador, una vez más, de que la reforma judicial fue hecha por motivos políticos y no jurídicos. La idea de pluralismo en la democracia, con leyes hechas para la transición partidista y la posibilidad de enfrentar los proyectos del estado o a sus políticos, van quedando atrás.
INACIPE RENOVADO
Jorge Nader Kuri fue nombrado director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Abogado penalista con décadas de experiencia, durante muchos años imbuido en el aspecto académico del INACIPE, ahora toma las riendas de este instituto en donde directores célebres han impulsado la difusión de las ciencias penales, entre otros, el notable Gerardo Laveaga. Nader Kuri es una muy buena opción para el cargo. Sus muchas participaciones en congresos y foros jurídicos lo han probado como conocedor de la problemática en la procuración de justicia en el país. Su inclusión en la entonces PGR hace años, servirá para establecer las necesidades académicas de la fiscalía general, pero también para poner al alcance del público una de las mejores bibliotecas de su especialidad en el país y lograr que la ciudadanía se acerque a esta institución reconocida mundialmente.
Parte de la inactividad reclamada al anterior fiscal general se explicaba, en parte, por la falta de una integración entre la práctica cotidiana con las teorías conceptuales y procesales de lo penal, en todos sus campos: desde la victimología hasta la ejecución de penas. El INACIPE cuenta con profesores especializados, maestrías, diplomados y, sin duda, con las puertas abiertas del nuevo director para escuchar los planteamientos ciudadanos y del alumnado.
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