Colectivos y organizaciones por el derecho a la vivienda y personas arrojadas de República de Cuba 11 se pronunciaron contra el proyecto de la ministra María Estela Ríos González, que reconoce la validez del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, que por su “ambigua” redacción permite abusos en desalojos forzosos.

Llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que posponga su discusión en el pleno el próximo lunes y convoque a una discusión pública sobre el tema.

Dicha norma se expidió el 8 de febrero de 2019 por presiones del sector inmobiliario y personajes como el ex procurador Ignacio Morales Lechuga, notario 116 de la ciudad, con vínculos a la inmobiliaria GDC Desarrollo, perteneciente a su hijo Santiago Morales Broc, el Congreso de la Ciudad de México modificó en junio del mismo año el citado artículo para suprimir disposiciones como la obligación de los jueces a recibir en audiencia a las personas que serían objeto de desalojo, así como de las autoridades para garantizarles un adecuado realojamiento, explicó el abogado Arturo Aparicio.

Por este motivo, la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHCM) promovió una acción de inconstitucionalidad, al advertir que el legislativo local transgredió el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos.

A casi siete años, la ministra Ríos González presentó un proyecto que será discutido en la sesión convocada para este lunes, en el que considera infundado el recurso de la CDHCM y reconoce la validez del artículo en su redacción actual.

En conferencia de prensa, los inconformes convocaron a un mitin para el lunes a las 8 horas ante la Corte, Aparicio advirtió que tampoco se trata de que el máximo órgano jurisdiccional posponga y mande a la congeladora el caso sin convocar a audiencias públicas, “urge que se resuelva, pero no como lo está proponiendo la ministra”, apuntó

Participaron colectivos y organizaciones como los frentes Antigentrificación y por la Vivienda Joven, el Observatorio Vecinal Escandón, la Clínica Jurídica María Luis Marín (Universidad Iberoamericana) y Habitat International Coalition-América Latina, entre otros.