ómo se ha manifestado el trumpismo global en América Latina? La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para 2025 evocó un Corolario Trump a la Doctrina Monroe para priorizar el dominio de los sectores tecnológico y financiero, redirigiendo la presencia militar estadunidense hacia el hemisferio occidental, ampliando el acceso a recursos críticos y respaldando regímenes alineados con la agenda trumpista.
A principios de 2026, gobiernos de extrema derecha y autoritarios estaban en el poder o a punto de ser inaugurados en Argentina, El Salvador, Ecuador, Honduras, Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica y Chile. Si bien no todas estas fuerzas políticas gobernantes son trumpistas, todas ellas han estado sometidas a una intensa presión para ampliar el acceso de la clase capitalista trasnacional (CCT) a los recursos energéticos y minerales necesarios para las tecnologías digitales que impulsarán la restructuración y transformación de la economía global y para reprimir la resistencia popular desde abajo. Los casos de Ecuador, El Salvador, Argentina, Honduras y Venezuela ilustran estas dinámicas.
En Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa permitió que grupos criminales violentos operaran con impunidad, estableciendo su control en numerosas comunidades empobrecidas. Sólo cuando la población, desesperada por la inseguridad y la violencia de estas mafias, exigió protección, el gobierno intervino, declarando el estado de emergencia en 2024 y desplegando al ejército en todo el país. Sin embargo, en lugar de combatir a las bandas criminales, el ejército reprimió las movilizaciones de protesta populares lideradas por comunidades indígenas. La emergencia sirvió de cortina de humo para que Noboa impulse la expansión de la explotación de hidrocarburos y la minería y para aprobar cambios legales que faciliten la expropiación y el saqueo por parte de corporaciones trasnacionales.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, también puso en marcha un modelo de control sobre la mano de obra excedente basado en la manipulación de la inseguridad y la infusión de miedo ante la delincuencia y la violencia social, consecuencias de la pobreza crónica, el desempleo y la privación. Bukele logró manipular las demandas generalizadas de seguridad para declarar el estado de emergencia y gobernar por la fuerza y mediante decretos. Los ciudadanos se sienten seguros en las calles, pero siguen siendo tan pobres como antes de la represión carcelaria. Debido a los recortes en el gasto social, la pobreza ha aumentado bajo el gobierno de Bukele a cerca de 30 por ciento de la población, mientras otro 40 por ciento vive en situación de vulnerabilidad.
En Argentina, los peronistas arrasaron en las elecciones legislativas de septiembre de 2025 en la provincia clave de Buenos Aires, donde reside casi 40 por ciento de la población del país. Posteriormente, Trump ofreció hasta 40 mil millones de dólares en asistencia económica con la condición, ampliamente difundida, de que el presidente ultraderechista Milei ganara las elecciones legislativas de medio término a escala nacional, lo cual logró. Acto seguido, el gobierno tomó medidas para autorizar la deforestación y la minería –especialmente de los vastos yacimientos de cobre aún sin explotar del país– en zonas periglaciares protegidas, mientras la pobreza aumentaba de 42 por ciento a 53 por ciento de la población.
Algo similar ocurrió en Honduras, donde Trump actuó en beneficio de la CCT en connivencia con la ultraderecha local. El presidente estadunidense amenazó, en vísperas de las elecciones del 30 de noviembre pasado, con suspender toda la ayuda estadunidense si los votantes no elegían al candidato de ultraderecha y heredero del Partido Nacional, Nasry Asfura. Al mismo tiempo, indultó al narcotraficante internacional, ex presidente del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. Durante su presidencia, de 2014 a 2022, Hernández cedió una porción del territorio nacional en la isla caribeña de Roatán a capitalistas de riesgo estadunidenses para que la administraran como centro privado para actividades tecnológicas, de criptomonedas y otras operaciones financieras opacas, es decir, como feudo privado con sus propias normas, autonomía fiscal y regulatoria, y tribunales de arbitraje. El gobierno progresista del Partido Libre, presidido por Xiomara Castro, había cancelado esta concesión.
Una confluencia de tres factores ha impulsado las impactantes agresiones contra Venezuela. Primero: la impunidad que han gozado los genocidas israelíes ha abierto las puertas a un capitalismo global aún más bárbaro que ni siquiera intenta legitimar su salvajismo bajo el manto de las normas del derecho internacional o de los derechos humanos. Segundo: está el afán de Estados Unidos por acceder a la vasta riqueza petrolera y mineral de Venezuela con la complicidad de un régimen más dócil que el de Maduro. Tercero: el Estado estadunidense está inmerso en una proyección masiva de poder en el hemisferio, con Venezuela como vanguardia para una expansión violenta en América Latina.
Nos encontramos en una encrucijada en América y en todo el mundo. Los fracasos de la izquierda institucional, con su enfoque estatista y de control vertical, su autoritarismo y su corrupción, han allanado el camino para el regreso de la ultraderecha en gran parte de América Latina. Cuando la izquierda ha llegado al poder, ha actuado para contener las luchas populares y ha fracasado en su papel de izquierda. En el poder no ha dudado en defender y, de hecho, expandir el modelo extractivista y en adaptarse al capital trasnacional, absorbiendo la rebelión en el Estado capitalista y el orden hegemónico, actuando como correa de transmisión del poder estructural del capital trasnacional y neutralizando el potencial antisistémico de un levantamiento tras otro.
* Profesor distinguido de sociología en la Universidad de California en Santa Bárbara
