n América Latina, la historia de las intervenciones de Estados Unidos es un hilo continuo que atraviesa dos siglos. No es un catálogo de episodios aislados, sino una política de poder persistente que combina doctrina y uso de la fuerza. Desde el siglo XIX hasta nuestros días, la región ha vivido incursiones directas, ocupaciones prolongadas, golpes apoyados a distancia y despliegues “preventivos” que han marcado de manera indeleble a nuestras naciones y sus memorias colectivas.

El primer hito fue la guerra contra México (1846–1848). Bajo el delirio del Destino Manifiesto, Washington desarrolló una campaña de ocupación que culminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la cesión de más de la tercera parte del territorio mexicano. La victoria militar sentó un precedente político sobre el tipo de hemisferio que Estados Unidos buscaba construir.

En la crisis de Panamá de 1885, Estados Unidos mostró la hipocresía de sus compromisos de “neutralidad” con el desembarco de marines para asegurar el tránsito y proteger intereses. Se retiró pronto, pero el mensaje fue claro: el canal y su entorno eran “interés vital” estadunidense.

Esa prioridad estratégica desembocó en el apoyo a la separación de Panamá de Colombia en 1903. Estados Unidos reconoció de inmediato al nuevo gobierno que firmó para establecer la Zona del Canal. Fue una independencia tutelada, imprescindible para el proyecto canalero e inseparable de la expansión militar y comercial de comienzos del siglo XX.

En Nicaragua, las ocupaciones de 1912-1925 y 1926-1933 fueron parte de las llamadas Banana Wars. La presencia de marines sostuvo gobiernos afines, y en la segunda ocupación combatió de lleno la guerrilla de Sandino, hasta su asesinato en 1934. La ocupación dejó una dictadura militar que duraría décadas.

En 1932, Estados Unidos realizó un gran despliegue naval frente a las costas de El Salvador durante la insurrección encabezada por Farabundo Martí. La represión del ejército salvadoreño dejó decenas de miles de muertos. La presencia de buques extranjeros afirmó la ecuación geopolítica de la época: proteger inversiones, contener la protesta social y enviar señales de poder.

Con la guerra fría, el repertorio cambió de forma. En Guatemala, la CIA promovió el derrocamiento de Árbenz en 1954 y clausuró una experiencia reformista incómoda para la United Fruit Company y la ortodoxia anticomunista. En 1961 tuvo lugar la fallida invasión a Bahía de Cochinos en Cuba y en 1965 el golpe contra el presidente Bosch en República Dominicana, con el despliegue de más de 20 mil soldados para “evitar otra Cuba” y asegurar un desenlace favorable a Washington.

En los años 70 y 80 se profundizó la lógica de seguridad hemisférica. Con la Operación Cóndor, Washington promovió golpes y dictaduras militares en el Cono Sur. En Chile, facilitó el derrocamiento de Allende en 1973 y el ascenso de Augusto Pinochet. Los golpes en Brasil (1964), Uruguay (1973) y Argentina (1976) contaron con el beneplácito y asistencia estadunidense. En todos estos casos, la coordinación con Estados Unidos incluyó la persecución criminal de opositores. La consolidación de regímenes autoritarios, bajo la bandera de la lucha contra el comunismo, dejó una estela de violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas en toda la región.

Una nueva oleada de intervenciones se dio de cara a las luchas revolucionarias en Centroamérica. En Nicaragua (1979-1990), la administración Reagan financió a la Contra y abrió el capítulo Irán-Contras. En El Salvador (1980-1992) proporcionó asesores y armamento para sostener una guerra antinsurgente de altísimo costo humano. La década de los 80 cerró con la ocupación militar en Granada (1983) y la invasión a Panamá (1989) con 27 mil marines y la captura de Noriega.

La pregunta inevitable es qué ha cambiado. La retórica, sí; el uso de la fuerza, menos. A las justificaciones clásicas –seguridad, estabilidad, protección de nacionales– se añaden hoy narcotráfico, “transiciones ordenadas” y defensa de la democracia. El estilo personal abusivo, violento y belicista de Trump concentra buena parte del análisis y las explicaciones sobre la intervención actual en Venezuela. Pero hay que entender que ésta se enmarca también en la tradición estadunidense frente a América Latina. Las palabras importan, pero los hechos más: desembarcos, ocupaciones, asesorías militares, sanciones y operaciones encubiertas han definido el territorio político donde se disputan proyectos de nación y modelos de desarrollo.

Reconocer esta historia no es ejercicio de victimismo; es condición de soberanía. América Latina ha resistido, aprendido y construido alternativas. La memoria no es para museo, es brújula para pensar relaciones exteriores basadas en alianzas, cooperación y respeto mutuo. La paz y la soberanía requieren gobiernos legítimos y decididos, ciudadanía informada y una agenda regional que no se subordine a los ciclos políticos de Washington.

La sombra es larga pero no eterna. Si algo enseña el siglo y medio de intervenciones es que el hemisferio no está condenado a repetir su pasado, sino a transformarlo.