a intervención de Estados Unidos en varios países de América Latina se ha intensificado en los últimos años, con amenazas diplomáticas, sanciones económicas y presiones políticas. Venezuela ha sido el epicentro de estas dinámicas internacionales. Además de las agresiones y violaciones económicas que comenzaron en 2017, desde agosto del año pasado el país sudamericano se ha enfrentado a ataques aéreos contra supuestos barcos de narcotráfico, y el 3 de enero de este año, el país del norte lanzó un ataque militar en Caracas, capturando al presidente venezolano y a su esposa.

De manera similar, Estados Unidos ha recurrido a diversas herramientas legales para intervenir en naciones como Nicaragua y Cuba, y en Haití ha apoyado misiones de “estabilización”. La tendencia estadunidense sugiere una estrategia de contención ante gobiernos y fenómenos –como la migración– percibidos como adversarios. Esa coyuntura también abre espacios para el diálogo multilateral, lo cual ha sido la línea mexicana desde hace mucho tiempo y en la que debemos insistir para desescalar los roces internacionales y cooperar hacia el bien común.

México se encuentra en el foco de esta discusión por varios motivos claves. En primer término, somos el principal socio comercial de Estados Unidos; en el primer trimestre de 2025, la exportación mexicana representó 14.7 por ciento de las importaciones estadunidenses y el intercambio bilateral alcanzó 653 mil 100 millones de dólares en nueve meses del año pasado. Asimismo, nuestra ubicación geográfica nos hace vecinos directos, por lo que cualquier movimiento en la región nos afecta, especialmente en temas laborales, de migración, seguridad fronteriza, crimen organizado y flujos energéticos. De tal suerte que esta posición ha despertado la errónea intuición en la derecha mexicana de que una intervención estadunidense podría resolver los problemas pendientes a los que nos enfrentamos. Esa idea sugiere alinearse con estas intervenciones a lo largo y ancho del continente, proponiendo cosas sumamente dañinas como sanciones económicas conjuntas o apoyo a transiciones forzadas. Y dicha alineación responde a un interés político de la oposición nacional por restaurar un orden donde ellos han sido los mayormente beneficiados, en detrimento del pueblo, de la clase obrera y de nuestros recursos naturales.

Por suerte, México ha rechazado este camino y se ha apegado, históricamente, a un proceder distinto. Desde 1930, gracias al canciller Genaro Estrada, la Doctrina Estrada ha regido nuestro protocolo internacional, reflejando una dignidad histórica forjada en la experiencia desafortunada del intervencionismo estadunidense de los siglos XIX y XX. Nosotros decidimos no repetir ese ciclo ni apoyarlo. Su principio es claro: no calificar gobiernos ajenos, no legitimar ni deslegitimar procesos políticos externos y no entrometerse en decisiones que sólo competen a los pueblos, principios elevados a la Constitución en 1988. Esta postura ha permitido a México mediar en conflictos como la revolución sandinista o el diálogo Colombia-FARC, priorizando la autonomía sobre la confrontación.

Así, el asilo es una política de Estado en México, transversal a gobiernos de izquierda, derecha o centro. Basada en el principio de no devolución ( non-refoulement), ha ofrecido refugio a perseguidos desde la España franquista de los años 30, con unos 20 mil republicanos acogidos bajo el gobierno del ex presidente Cárdenas, hasta víctimas de dictaduras sudamericanas como las de Pinochet en Chile o Stroessner en Paraguay, pasando por disidentes de regímenes políticos y golpes de Estado en Centroamérica. México siempre abrió sus puertas cuando otros cerraron fronteras y guardaron silencio.

Definitivamente, la derecha miente al afirmar que recibir exiliados equivale a respaldar regímenes: no es apoyo político, sino protección humanitaria de personas en riesgo, alineada con tratados internacionales como la Convención de Ginebra. La apertura mexicana y su abstención de intervenir han contribuido a la transición democrática de nuestra nación. Acordar con el debilitamiento de la soberanía de cualquier país es una confesión de enemistad con la democracia. Frente a quienes aplauden sanciones o invasiones, la oposición revela que su interés está puesto en un alineamiento geopolítico y no en las implicaciones de tales acciones para el pueblo. En cambio, la izquierda mexicana impulsa y sigue una tradición de negociación donde prima el respeto a la autonomía de las naciones, protegiendo nuestra propia soberanía y recursos para ganar agencia real.

Apelar a la cooperación internacional es más sensato que el intervencionismo por varias razones. Primero: fomenta soluciones sostenibles y legitimadas colectivamente, en lugar de imponer cambios unilaterales por la fuerza militar que, a la larga, generan resentimientos y mantienen una inestabilidad prolongada, con costos humanitarios altísimos; tal como se ha visto en las crisis latinoamericanas donde las intervenciones externas acentuaron migraciones masivas y polarizaciones internas.

La cooperación internacional, en todos los niveles, permite el intercambio de recursos, protocolos y perspectivas comunes, fortaleciendo la capacidad regional para enfrentar amenazas transfronterizas sin menoscabar soberanías. En ese sentido, prioriza el respeto a la autodeterminación de los pueblos, reduce riesgos de respuestas violentas y permite consensos duraderos en temas como el desarrollo o los derechos humanos. Esta apuesta delinea a México como una nación fuerte y firme, además de ser un mediador confiable en la región, que nos permite desarrollar lazos convenientes y provechosos con otros países.

En estos tiempos de tensiones globales, respaldar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es vital para defender esta diplomacia de respeto y dignidad. Apostemos por la cooperación, diálogos multilaterales con Estados Unidos que, como socio comercial, pueden resolver crisis como la venezolana sin menoscabar soberanías. El camino no es la intervención o el uso de la fuerza, sino la mesa compartida, donde derechos humanos y autodeterminación guíen el futuro de toda América Latina.