Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó ayer las medidas cautelares otorgadas a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, que desde hace siete meses la protegen de un juicio de revocación de mandato y de una auditoría por el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos en recursos federales.

Las suspensiones fueron concedidas en junio pasado, en el pleno anterior, por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ahora ministro en retiro Javier Laynez Potisek, y seguirán vigentes hasta que se resuelvan las controversias constitucionales promovidas por la edil frente a las acciones del Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado (ASE) en su contra.

La nueva Corte declaró infundados cuatro recursos de reclamación, tres promovidos por el Poder Legislativo local y uno por la auditoría guerrerense, que pedían echar atrás la admisión de las controversias 174/2025 y 176/2025 promovidas por Abelina López, y las suspensiones que le fueron otorgadas.

La alcaldesa promovió dichos recursos, a través del síndico Miguel Jaimes Ramos, para frenar un eventual proceso de revocación de mandato y los requerimientos de información de la auditoría local sobre la cuenta pública 2023, en particular por el uso de recursos federales del ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

En el asunto 41/2025-CA, el ministro Giovanni Figueroa Mejía concluyó que los agravios del Congreso local son infundados y propuso confirmar la medida cautelar, al estimar acreditados “la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora”, ya que –apunta– la fiscalización de esos recursos corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación.

Los recursos de reclamación se resolvieron bajo tres proyectos, de María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Giovanni Azael Figueroa, que declararon infundadas las impugnaciones de la ASE y del Congreso local, y el recurso de revisión 41/2025 contra el incidente de suspensión, del ministro Giovanni Figueroa. Sólo en el recurso 39/2025, de la ministra Irene Herrerías, la Corte dio la razón a la ASE para reconocerla como autoridad demandada, luego de que en su momento el ministro Laynez la excluyera del juicio.