Quito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la resolución 99/2025, en la cual otorga medidas cautelares a favor de los recluidos en el Centro de Privación de Libertad Guayas número uno, conocido como Penitenciaría del Litoral, donde se han producido las más violentas matanzas en los pasados tres años y se denuncian condiciones infrahumanas para los detenidos.

La CIDH solicitó, en la resolución emitida el 30 de diciembre de 2025 y hecha pública el pasado lunes, la anuencia del Estado para realizar una visita in situ a la penitenciaría, con el fin de verificar la puesta en marcha de todos los requerimientos.

Para el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), los reclusos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, con sus derechos a la vida e integridad personal bajo un riesgo de daño irreparable. De hecho, en los pasados reportes se constata que entre enero y septiembre de 2025, se registraron 564 fallecimientos en este centro penitenciario. De esos casos, 288 han sido catalogados como “naturales” y 257 permanecen “por determinar”. Por todo ello, la CIDH considera que la causa principal tiene que ver con la precariedad sanitaria y la falta de información estatal desagregada.

Frente a esta realidad, la comisión ha requerido evitar la pérdida de vidas y daños a la integridad mediante medidas efectivas e inmediatas; garantizar el acceso a atención médica especializada, medicamentos y tamizajes integrales; asegurar alimentación de calidad y agua potable de forma continua; implementar acciones para reducir sustancialmente el hacinamiento y establecer una mesa interinstitucional con beneficiarios y representantes para concertar las medidas.

En una primera inspección, los delegados del organismo regional, el 5 de septiembre de 2025 encontraron datos reveladores y estremecedores. Por ejemplo, se mencionó un hacinamiento extremo, pues cuenta con una ocupación aproximada de 187 por ciento, al albergar a 7 mil 476 personas en un espacio para un máximo de 4 mil. Además, muchos reclusos presentan un estado “cadavérico”, con signos visibles de caquexia (desgaste físico extremo).

Hasta esa fecha se identificaron al menos 228 casos de desnutrición validados por personal médico. En lo que resta de 2025 esa cifra pudo ser el doble, según han denunciado defensores de los derechos humanos y familiares de los detenidos.

Lo más grave es el brote de tuberculosis con 339 casos.

Un dato que enfatiza el pedido es que, desde enero de 2024, esta cárcel está bajo control militar después de varios decretos de Estado de Excepción. Según la CIDH, esta lógica de control y castigo ha desplazado la perspectiva sanitaria. Los militares gestionan desde las llaves de las celdas hasta las decisiones sobre atención médica, lo que ha generado barreras ilegítimas para el acceso a la salud.