l tema que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene hoy ante sí no es el carácter del gobierno de Venezuela. El tema es si cualquier Estado miembro tiene el derecho de determinar por la fuerza, coerción o estrangulamiento económico el futuro político de Venezuela o de ejercer control sobre sus asuntos.

La cuestión remite directamente al artículo 2, sección 4 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El Consejo debe decidir si esa prohibición se sostiene o se abandona. Abandonarla acarrearía las más graves consecuencias.

Permítaseme ofrecer algunos antecedentes. Desde 1947, la política exterior de Estados Unidos ha empleado en repetidas ocasiones la fuerza, la acción encubierta y la manipulación política para producir un cambio de régimen en otros países. Existe un registro histórico cuidadosamente documentado de este asunto. En su libro Covert Regime Change ( Cambio encubierto de régimen), la politóloga Lindsay O’Rourke documenta 70 operaciones encubiertas de intento de cambio de régimen sólo entre 1947 y 1989.

Estas prácticas no concluyeron con la guerra fría. Desde 1989, entre las operaciones de cambio de régimen realizadas por Estados Unidos, sin autorización del Consejo de Seguridad, y que han tenido las mayores consecuencias, han estado: Irak en 2003, Libia a partir de 2011, Honduras en 2009, Ucrania en 2014 y Venezuela de 2002 en adelante.

Los métodos empleados están bien establecidos y documentados. Incluyen guerra abierta, operaciones encubiertas de inteligencia, instigación y manipulación de disturbios, apoyo a grupos armados, manipulación de medios masivos y redes sociales, soborno a funcionarios militares y civiles, asesinatos selectivos, operaciones bajo banderas falsas y guerra económica.

Estas medidas son ilegales conforme a la Carta de la ONU, y típicamente han provocado violencia continua, conflicto letal, inestabilidad política y profundo sufrimiento de la población civil. El registro reciente de Washington con respecto a Venezuela es claro también. En abril de 2002, Estados Unidos conoció y aprobó un intento de golpe contra el gobierno. En la década de 2010, financió a grupos de la sociedad que participaban en protestas contra el gobierno. Cuando el gobierno enfrentó las protestas, Washington respondió con una serie de sanciones.

En 2015, el presidente Barack Obama declaró que Venezuela era, y cito: una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. En 2017, en una cena con líderes latinoamericanos al margen de la Asamblea General de la ONU, el presidente Trump abordó abiertamente la opción de que Estados Unidos invadiera Venezuela para derrocar al gobierno. De 2017 a 2020, Estados Unidos impuso sanciones de gran alcance a la compañía petrolera estatal PDVSA. La producción petrolera cayó 75 por ciento de 2016 a 2020, y el PIB real per cápita descendió 62 por ciento.

En repetidas ocasiones, la Asamblea General de la ONU ha votado abrumadoramente contra esas medidas coercitivas unilaterales. El 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció unilateralmente a Juan Guaidó como presidente interino, y pocos días después congeló alrededor de 7 mil millones de dólares de activos soberanos de Venezuela en el extranjero y concedió a la autoridad designada poder sobre algunos de esos activos.

Esas acciones forman parte de un continuo esfuerzo estadunidense para un cambio de régimen, que se extiende por más de dos décadas. El año pasado, Washington ha realizado operaciones de bombardeo en siete países, ninguna de las cuales fue autorizada por el Consejo de Seguridad, y ninguna por legítima defensa conforme a la Carta. Entre los países atacados están Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y ahora Venezuela. El mes pasado, el presidente Trump ha formulado amenazas directas contra seis Estados miembros de la ONU, entre ellos Colombia, Dinamarca, Irán, México y, por supuesto, Venezuela.

No se convoca a los miembros del Consejo para juzgar a Nicolás Maduro. No se les convoca para evaluar si el reciente ataque estadunidense y las actuales acciones de cuarentena naval darán resultados en términos de libertad o subyugación. Se convoca a los miembros del Consejo para defender el derecho internacional y, específicamente, la Carta de la ONU.

La Organización de Naciones Unidas surgió como el segundo gran esfuerzo de la humanidad para colocar el derecho internacional por encima de la anarquía internacional. En palabras de la Carta, la ONU fue creada para “salvar a las generaciones subsecuentes del flagelo de la guerra, que dos veces en nuestro tiempo ha ocasionado indecible sufrimiento a la humanidad. Dado que estamos en la era nuclear, el fracaso no puede repetirse. La humanidad perecería. No habría una tercera oportunidad”.

Para cumplir sus responsabilidades conforme a la Carta, el Consejo de Seguridad debe afirmar de inmediato las siguientes acciones. Estados Unidos debe cesar de inmediato y desistir de cualquier amenaza explícita e implícita o de usar la fuerza contra Venezuela. Debe poner fin a su cuarentena naval y a todas las medidas militares coercitivas relacionadas, emprendidas en ausencia de autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Debe retirar de inmediato sus fuerzas militares del interior y los alrededores de Venezuela, con inclusión de inteligencia, navales y otros efectivos emplazados con propósitos coercitivos. Venezuela debe adherirse a la Carta de la ONU y a los derechos humanos protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Recomiendo que el secretario general designe de inmediato a un enviado especial, con el mandato de comprometer a actores venezolanos e internacionales de importancia, y reportarse al secretario general en el curso de los 14 días siguientes con recomendaciones consistentes con la Carta. Y el Consejo de Seguridad debe mantener con urgencia el control sobre este asunto. Todos los estados miembros deben abstenerse de amenazas unilaterales, medidas coercitivas o acciones armadas fuera de la autoridad del Consejo de Seguridad. En conclusión, señor presidente y distinguidos miembros del Consejo, la paz y la supervivencia de la humanidad dependen de si la Carta de Naciones Unidas sigue siendo un instrumento vigente de derecho internacional o se permite que se vuelva irrelevante. Esa es la opción que se presenta al Consejo este día.

*Profesor y director del Centro para el Desarrollo Sustentable en la Universidad Columbia

Traducción: Jorge Anaya

Comentarios de Sachs ante la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

Publicado con la autorización del autor