Guadalajara, Jal., La comunidad indígena de Mezquitán, del municipio de Zapopan, denunció que a pesar de contar con sentencias firmes emitidas por tribunales agrarios, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) federal continúa sin cumplir con el pago por la ocupación de sus tierras, ubicadas por la salida norte de la zona metropolitana de Guadalajara.

El adeudo se originó hace más de 21 años, cuando se construyó la ampliación de la carretera federal 54 que va a Saltillo, Coahuila, y los comuneros consideran a la falta de cumplimiento un acto reiterado de desacato a la autoridad judicial.

Mezquitán, habitada por descendientes de la etnia cascán, sostiene que en 2004 entregó una superficie de 26.93 hectáreas para la ampliación de la vía señalada, que también conduce a Zacatecas, pero la Secretaría de Infraestructura no ha cubierto el pago, pese a que firmó convenios y que tribunales, mediante sentencia, ordenaron el pago conforme al valor actualizado.

“El incumplimiento persiste incluso después de que 2025 fuera declarado Año de la Mujer Indígena, periodo en el que los comuneros esperaban que el gobierno federal saldara la deuda histórica. Sin embargo, al cierre del año, la SICT mantuvo el retraso, lo que ha profundizado el agravio entre mujeres, hombres y adultos mayores de la comunidad”, afirmaron los afectados.

Recordaron que son poseedores de esas tierras desde hace 335 años, con un reconocimiento virreinal emitido en 1690 y ratificado mediante resoluciones presidenciales, actas de posesión, deslindes técnicos y títulos de bienes comunales plenamente vigentes y sin oposición legal.

Aunque funcionarios de la SICT presentaron recientemente una propuesta de pago, ésta fue rechazada por no ajustarse a lo ordenado en las sentencias agrarias ni a lo establecido en la Ley Agraria, al omitir la actualización de los valores comerciales.

En 2004, cuando comenzó el reclamo por las tierras que entonces se expropiaron para la ampliación, el gobierno federal ofreció 40 millones de pesos como indemnización, pero todo quedó en promesa. La SICT evita el pago desde entonces y buscó ampararse, pero tribunales desecharon ese recurso y según avalúos comerciales, el valor actual ronda los 300 millones de pesos.

La compensación incluía beneficios como caminos y escuelas, que tampoco se concretaron y la zona, ubicada al norte de la región metropolitana y delimitada por la barranca de Huentitán, sigue como una de las de mayor marginación en el sector.

Analizarán la situación en la asamblea del día 25

Ante la falta de cumplimiento y los reiterados requerimientos judiciales ignorados por la SICT, los comuneros analizarán la situación el próximo 25 de enero, durante su asamblea mensual, y definirán nuevas acciones legales y sociales, incluyendo el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa y legal contra funcionarios públicos, por obstrucción de la justicia y desacato a órdenes de tribunales.

En la asamblea están representadas 333 familias, que exigieron nuevamente la ejecución inmediata y eficaz de las sentencias agrarias, al advertir que el prolongado incumplimiento no solo vulnera sus derechos como pueblo originario, sino que representa un grave precedente de desobediencia institucional ante resoluciones judiciales firmes.

Entre las trabas y tácticas dilatorias en las que ha incurrido el gobierno federal figura nombrar como representante a la Fiscalía General de la República, institución que argumentó que el caso era civil y no agrario, no obstante que la comunidad está inscrita en el Registro Agrario Nacional.

Otra traba fue una supuesta prescripción del reclamo, lo cual no prosperó en el Tribunal Agrario 16, que retomó el caso y que en 2023, a través del Tribunal Superior Agrario, emitió una sentencia a favor de la comunidad, ordenó un avalúo y que se debía pagar a valor comercial actualizado.

En todo este tiempo desde que empezó el reclamo por la expropiación, las 333 familias (unas 3 mil personas) han debido resignarse a las muertes de varios de sus integrantes y a la marginación que prevalece en la zona, a la cual el ayuntamiento de Zapopan no ha dotado de los servicios públicos esenciales.