Jerusalén. Las autoridades de Gaza alertaron ayer que los palestinos con cáncer en el enclave enfrentan “una lenta sentencia de muerte” ante la “catástrofe humanitaria y sanitaria” a causa de la ofensiva israelí, en momentos en que Tel Aviv anunció que prohibirá las operaciones de más de 30 ONG en el territorio palestino ocupado.

“Los pacientes con cáncer en la franja hacen frente a una lenta sentencia de muerte, lo que augura una catástrofe humanitaria y sanitaria sin precedentes, con consecuencias irreversibles”, advirtió el director médico del Centro para el Cáncer de Gaza, Mohamed Abú Nada.

Agregó que la situación es resultado de “una grave escasez” de medicamentos, la ausencia de servicios de diagnóstico y el cierre de los pasos fronterizos, lo que impide que puedan recibir tratamiento en el extranjero.

El director calificó los tres puntos anteriores como “el triángulo de la muerte”.

Reiteró que “la única forma de salvar su vida es que salgan” del devastado territorio para recibir tratamiento”, difundió el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado en su cuenta de Telegram.

Propagación de hepatitis

La Media Luna Roja advirtió sobre la propagación de la hepatitis tipo A en la franja debido a la severa contaminación del agua. Explicó que casi 80 por ciento de las redes de distribución fueron destruidas durante la ofensiva israelí contra el territorio, desatada el 7 octubre de 2023.

Un funcionario del organismo señaló que en las zonas afectadas se está produciendo un brote generalizado de gastroenteritis e influenza, principalmente entre los niños, como consecuencia del hacinamiento, el frío extremo y la contaminación ambiental.

El gobierno de Israel anunció que 37 ONG, entre ellas Médicos sin Fronteras (MSF), incumplieron los nuevos requisitos establecidos por la ley para registrarse y obtener permiso para realizar sus actividades humanitarias en la franja, por lo que su licencia expirarán el 1 de enero de 2026.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo israelí detalló en un comunicado que las licencias de las organizaciones serán revocadas a partir de mañana, y deberán completar el cierre de sus operaciones en un plazo de 60 días, antes del 1 de marzo.

Las autoridades israelíes exigieron que presentaran en un plazo de diez meses documentos sobre su organización y operaciones, incluida una lista de todos sus empleados, como parte de una nueva normativa de registro que permite denegar permisos si son “sospechosas de colaborar con organizaciones terroristas”.

MSF alertó que la decisión tendrá un impacto catastrófico en su trabajo en Gaza, donde apoyan alrededor de 20 por ciento de las camas hospitalarias y un tercio de los nacimientos. La organización también negó las acusaciones de Israel sobre su personal.

Pese a que Tel Aviv afirmó que la acción tendría “un impacto limitado en el terreno”, las organizaciones afectadas aseveraron que la situación humanitaria es devastadora.