omo prometí el lunes pasado, cito algunos casos que demuestran que el glifosato origina graves afectaciones a la salud humana y al medio ambiente. Hace 40 años fui testigo de los daños que ocasionaba en Colombia, utilizado para destruir los sembradíos de mariguana que los capos de la droga plantaron durante el periodo 1970-1980 en la sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de dicho país.

La sierra es una reserva natural y la única montaña intertropical con nieves perpetuas. Se levanta desde el nivel del mar hasta 5 mil 800 metros. La habitan indígenas arhuacos, kogui y malayos. Ahí nacen 16 ríos y más de 100 riachuelos que sirven para irrigar miles de hectáreas agrícolas y abastecer de agua potable a las ciudades costeras. Como en otras regiones de dicho país, varios gobiernos han impuesto la estrategia química para combatir los cultivos de coca y mariguana. Como en los de Álvaro Uribe y su delfín Iván Duque. También en el actual. Y ello pese a los estudios desfavorables de instituciones oficiales.

En abril de 2009, Ecuador demandó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, una condena y compensaciones por las aspersiones con glifosato que Colombia realizó durante 10 años en la frontera común. En un expediente de 3 mil páginas entregado a la CIJ se documentaron los daños ocasionados por el herbicida en los seres humanos y el ambiente.

En paralelo, diversas comunidades indígenas y campesinas de Perú y Bolivia denunciaron que al glifosato se le agregaban otros compuestos para hacerlo más potente, a fin de destruir vía aérea cultivos ilícitos. Pero esta alta toxicidad afectaba a las poblaciones que vivían en otras regiones, pues el aire y el agua les llevaban los residuos.

En Argentina se conocieron sus potenciales efectos nocivos gracias a los trabajos de Andrés Carrasco, investigador de la Universidad de Buenos Aires. Documentó cómo el glifosato es devastador en embriones anfibios y ocasiona deformaciones en el ser humano. Carrasco fue objeto de una campaña de desprestigio por los grandes intereses que se benefician de la siembra de millones de hectáreas de soya.

En 2015 otros dos estudios de investigadores de las universidades de La Plata y Córdoba, comprobaron lo que sucedía en Monte Maíz, poblado de 9 mil habitantes en la provincia de Córdoba. Allí usaban el herbicida en los cultivos de soya. Pero la incidencia de tumores en colon, próstata, piel, tiroides y mama; y que los abortos y malformaciones en menores de edad, eran muy superiores a los de dicha provincia y la media nacional. Cero respuesta oficial. Según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y los grandes agricultores soyeros, el herbicida es inofensivo.

El investigador español Vicent Boix en su libro El parque de las hamacas documentó lo que sucede con este agroquímico en Centroamérica. Y critica a los organismos internacionales y a los gobiernos centroamericanos por tolerar su uso cuando deja su estela de enfermedades y muerte. Algo semejante sucede en Brasil en los extensos sembradíos de soya.

La Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer advirtió de los posibles efectos adversos en la salud. Ello mientras en Estados Unidos Bayer enfrenta casi 200 mil demandas en tribunales por casos vinculados al desarrollo de cáncer tras una exposición prolongada al glifosato. Ya pagó unos 10 mil millones de dólares a los afectados. Y promete erogar millones más en 2026.

Por espacio no incluyo otros estudios y casos que documentan los males que ocasiona ese compuesto. Ha sido tarea de expertos en la materia. En México, la doctora Lilia A. Albert, el profesor Jaime Rendón von Osten y las maestras Alma Delia Viveros, Eva Sirinathsinghji, Fiorella Evelyn Pedemonte Castro y Beatriz Torres Beristain. Igualmente, los investigadores de varias universidades y de los del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. También, por organizaciones como la Red de Acción contra los Plaguicidas y Greepeace.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo hace poco que el uso de dicho herbicida seguiría en el país al no haber sustitutos. Y no los hay porque el gobierno federal no ha apoyado las investigaciones y los estudios necesarios a fin de obtenerlos. A ello se suma no alentar en el agro el control biológico y/o integrado de las plagas. Urgen entonces esos apoyos.