Zacatecas, Zac., Cincuenta productores agrícolas de riego se ampararon contra la nueva Ley General de Aguas Nacionales, ante los efectos de dicha norma federal que impide la relocalización y actualización de concesiones de pozos para el aprovechamiento de aguas subterráneas en parcelas que se ubican en acuíferos agotados o sobrexplotados.

Se calcula que después de los 180 días siguientes a la publicación de la nueva ley, y para protegerse de las “consecuencias”, sólo en Zacatecas podrían solicitar ese recurso jurídico unos 900 campesinos.

En entrevista con La Jornada, Alberto de Santiago Murillo, líder de la Asociación de Agricultores en Áreas de Pozos de Riego en Zacatecas, informó que los productores de riego del país tienen incertidumbre de los acuerdos que se tomen en la mesa de trabajo que sostendrán con autoridades federales en la Ciudad de México el 12 de enero, como integrantes del Frente Nacional por la Defensa del Campo Mexicano.

“Hay compañeros que ya se ampararon en la renovación de títulos de concesión. Y muchos tienen detenidos sus trámites de sucesiones, transmisiones y procesos técnicos como reposiciones o relocalizaciones (de pozos), porque la Conagua (Comisión Nacional del Agua) los congeló y no les da seguimiento”, denunció.

La acción de promover los juicios de amparo –según De Santiago Murillo–, obedece a que gran parte de los productores de riego “quedaban en la indefensión jurídica y ese es uno de los puntos que vamos a tratar en la reunión del 12 de enero”.

Aunque el líder de la organización que agrupa a 9 mil labriegos con pozo de riego en Zacatecas, admitió que el gobierno federal en las mesas de trabajo previas a la aprobación de la nueva ley sí realizó muchas correcciones en beneficio de los labriegos, quedaron pendientes de revisar “muchas reservas”, que incluyen un problema específico: la suspensión de concesiones y actividades en las regiones con acuíferos agotados.

“Para nosotros el problema es que en Zacatecas, de los 34 acuíferos que existen, 22 están sobrexplotados según la Conagua. El detalle es que la ley marca que si se tiene que hacer cualquier trámite bajo estas condiciones, éste será improcedente, porque ya no se van a hacer las obras en acuíferos sobrexplotados”.

En este escenario, el gobierno federal no ha atendido la demanda de los campesinos de efectuar un estudio hídrico profundo en todas las cuencas del país, para conocer su estado real, porque hay compañías y empresas que siguen siendo beneficiarias de la extracción de enormes volúmenes de agua a las que no se les impiden las acciones.

De Santiago Murillo reiteró su demanda al gobierno federal de “trato parejo”, con los grandes empresarios e industrias.

Denunció que “a las industrias refresquera y cervecera, y las mineras que están todos los días, las 24 horas en faena, sacando enormes volúmenes de agua del subsuelo ¿Entonces ahí sí no aplicamos la ley? A quienes el Estado debe sancionar y correr es a todo este tipo de industrias, ¿sí me explico?”.