l 11 de diciembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Aguas, junto con reformas, adiciones y derogaciones sustanciales a la Ley de Aguas Nacionales. Se busca remediar los problemas hídricos del país: garantizar el derecho humano al agua, establecer orden institucional y armonizar el uso del recurso. No obstante, la realidad es otra. La ley omite rubros: marco legal, presupuesto e infraestructura para su operación.
Sin valorar la equidad que la sociedad pide, aplicar la Ley exige un andamiaje normativo que falta. Se redistribuyen competencias, redefine obligaciones de gobierno, y contempla obligaciones de planeación y sistematización que requieren reglamentos, manuales, mecanismos de información y coordinación, todos aún inexistentes. Además de la falta de normas operativas, está la omisión mayor: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 no contempla recursos para cumplir la nueva Ley. La actividad legislativa falló. la Ley General entró en vigor sin financiamiento asignado para la infraestructura hidráulica, sistematización o desarrollo institucional. Es un ordenamiento para todo el país, pero sin soporte financiero inmediato para su ejecución.
Encima, falta la infraestructura hídrica. La Ley impulsa su desarrollo, atiende y corrige el deterioro existente, pero en las actuales condiciones es un mero deseo. México necesita una infraestructura de vanguardia, con sus normas nuevas, capaz de abastecer la demanda de agua para toda la nación. Es la necesidad de actualizar el derecho humano a la infraestructura, indispensable para disfrutar de otros derechos como el agua. Sin un esquema jurídico y de inversión que promueva la modernización y articulación de dicha infraestructura, su avance será limitado, quizás nulo. Las redes e instalaciones son una condición necesaria para la efectiva aplicación de tal Ley. Así, la infraestructura es un eje fundamental para el cumplimiento de la Ley.
Así, por el momento la Ley General de Aguas corre el riesgo de ser legislación inútil. México busca desarrollo hídrico, no obstante, sin los cimientos necesarios podrá no sólo sufrir de escasez de agua, sino normalizar el incumplimiento de la ley, como ha sucedido en otros rubros. Ello terminará por judicializar el vital recurso para su real distribución equitativa, en una infraestructura insuficiente que dará más problemas que soluciones, con la corrupción impune vista en otras áreas, bajo una descendente inversión privada, para seguir con conflictos sociales y económicos cada vez más violentos y de peores consecuencias a la situación que se intentó resolver, entre otros problemas emergentes. Un designio establecido para garantizar derechos podría terminar en mayores dificultades, por la ineficacia gubernamental que se esconde tras una ley falaz, empezando por la pérdida de confianza interna y externa en este tema central de la vida mundial. No basta con publicar la ley, también debe hacerse viable mediante una real labor estatal exhaustiva.
