lo largo de estos años han caminado los derechos de autonomía y libre determinación para posibilitar el acceso de los pueblos indígenas a los derechos sociales, culturales y económicos, además, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha diseñado los Planes de Justicia Indígena y de Desarrollo Regional.
Con el propósito de analizar el tránsito del indigenismo de la transversalidad a una política pública de la autonomía y la libre determinación de los pueblos, Óscar Banda, actual encargado de despacho de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México en la Secretaría de Gobernación, realizó un análisis que forma parte de la reciente publicación de la Situación Demográfica de México, 2025 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El artículo completo puede consultarse en https://www.gob.mx /cms/uploads/attachment/file/1019973/ Libro_LSDM_2025_02sep2025-85-96 .pdf
Desde 2024, el segundo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reafirma que la composición pluricultural de la nación mexicana está sustentada en los pueblos indígenas así como en sus comunidades, se reconoce su derecho a la libre determinación y se establece la obligación de los tres niveles de gobierno para erradicar las desventajas sociales de los pueblos y comunidades indígenas, crear instituciones y políticas públicas para asegurar el acceso a sus derechos y establecer partidas presupuestales específicas en el Presupuesto de Egresos. De 2002 a 2025 se registra un crecimiento exponencial del presupuesto transversal del orden de 6826 por ciento: de asignar 15 mil 108 millones de pesos se pasó a 221 mil 33 millones. Del presupuesto aprobado en 2025, el ramo que presenta el mayor porcentaje de asignación es el de Bienestar con 37 por ciento, le sigue el de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con 25 por ciento, y a Educación, 14 por ciento.
Aún con el incremento presupuestal, las circunstancias de pobreza y desigualdad de los pueblos indígenas siguen siendo adversas: en 2023 se encontraban en situación de pobreza 8.3 millones de indígenas (70.3 por ciento de este grupo poblacional) y en extrema pobreza 3.2 millones (27.1 por ciento). (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, 2023).
No hay duda de que los recursos se han potencializado y se ha avanzado en estos 23 años, pero la falta de registros de las personas y comunidades indígenas beneficiarias de los programas ha imposibilitado el seguimiento y la evaluación puntual del impacto que tienen en el mejoramiento de sus condiciones de vida.
La evolución presupuestal de los pueblos indígenas durante el sexenio de Vicente Fox se montó sobre los programas establecidos años o décadas atrás, se observa falta de continuidad de los programas dirigidos a indígenas, y casi nula creación de programas específicos para esta población. En el ejercicio presupuestal 2006-2009, Óscar Banda, el propio autor del artículo, reconoce en 2010 que hubo incrementos sustantivos en el Transversal Erogaciones para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y concluye que existen dificultades para dar cuenta de la entrega de los recursos a esta población, toda vez que sus padrones de beneficiarios no identifican su pertenencia indígena, lo cual limita la evaluación del impacto de los recursos en las comunidades indígenas; y además señala que la participación de estas comunidades en la ejecución de los programas a partir de sus formas propias de organización y participación, ha quedado como una importante disposición constitucional escasamente aplicada, a pesar de ser uno de los núcleos centrales de los derechos de las comunidades indígenas.
La reforma constitucional de septiembre de 2024, reconoce a los pueblos indígenas y el afromexicano como sujetos de derecho público y a recibir recursos públicos directos, sin intermediación alguna, lo cual les coloca en una situación inédita. Con esta orientación, el INPI impulsa los Planes de Justicia Indígena, una coordinación interinstitucional que articula acciones y presupuestos para cumplir los compromisos del Estado mexicano al atender su problemática y construir soluciones acordes con sus aspiraciones. Hasta ahora se han realizado 17 planes, la integralidad y el diálogo intercultural son los principios que guían estos planes, y el método de trabajo consta de cuatro etapas: 1) análisis de los problemas más apremiantes a partir de diagnósticos participativos y la definición de soluciones viables y pertinentes; 2) a partir de estas propuestas, funcionarios públicos de las diversas dependencias gubernamentales dialogan directa y horizontalmente con las autoridades de los pueblos indígenas; 3) se implementan los acuerdos a partir de acciones presupuestales y la ejecución conjunta entre las diferentes dependencias que conforman la coordinación interinstitucional; y 4) evaluación y contraloría comunitaria. Para fortalecer la coordinación institucional y la aplicación de estos planes se creó la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional y Afromexicano, instaurada por decreto presidencial el 17 de enero de 2025, con vigencia al 30 de septiembre de 2030, tiene entre sus objetivos “diseñar, acordar, coordinar, implementar, dar seguimiento y evaluar los Planes de Justicia y Desarrollo Regional con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, su bienestar y desarrollo integral, intercultural y sostenible, así como el fortalecimiento de su patrimonio cultural y natural”.
* Secretaria técnica del Conapo
