Puebla, Pue., El Tribunal de Enjuiciamiento del penal de San Miguel declaró culpable al ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, junto con su sobrino Jair Mauricio Domínguez y el sicario Silvestre Vargas Ramírez, del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón.

Al primero se le consideró autor intelectual del crimen, mientras a los otros dos como los responsables de ejecutar el asesinato el 26 de mayo de 2022.

La abogada Helena Monzón -–hermana de la víctima– informó que el próximo 31 de diciembre se realizará la audiencia para individualizar la pena contra de los acusados.

La familia Monzón exige la pena máxima contra los responsables del crimen, conforme al Código Penal del estado de Puebla: 60 años de prisión.

Casi a la medianoche del martes, los abogados de la parte agraviada informaron el veredicto contra el político priísta, quien fue secretario de Gobernación durante el sexenio de Mario Marín Torres (2005-2011), actualmente preso por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Hasta el último momento hubo una presión constante de colectivos feministas y de derechos humanos, que en distintos momentos denunciaron una posible intención de favorecer al ex funcionario debido a la duración y complejidad del juicio, así como al desistimiento de última hora de algunos testimonios presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dilaciones sistemáticas, denuncia defensora

La abogada Helena Monzón señaló desde el comienzo de la diligencia que el proceso se había prolongado excesivamente al sumar cerca de 80 audiencias, resultado de dilaciones sistemáticas y estrategias de retraso promovidas por la defensa de López Zavala, mismas que, acusó, habrían sido toleradas por el Poder Judicial del estado.

El caso, expusieron colectivos y organizaciones civiles que acompañaron el proceso, representa un avance significativo en materia de procuración de justicia, particularmente para mujeres víctimas de violencia. Subrayaron la complejidad que implicó acreditar no sólo la autoría material del crimen, sino también la responsabilidad intelectual de López Zavala.

Mientras la audiencia entraba en su etapa final, integrantes del colectivo Por las Mujeres de Puebla celebraron con pancartas, consignas y bengalas moradas este paso, al considerar que responde a una exigencia sostenida hacia la FGE y el Poder Judicial.

Ahora resta definir la fecha de la audiencia de individualización de las penas para cada uno de los responsables. La familia Monzón ha exigido desde el inicio que se imponga la sanción máxima de 60 años de prisión.

Con ello, se busca consolidar sentencias firmes que resistan eventuales recursos legales promovidos por las defensas. Hasta la fase final del juicio, los abogados de López Zavala afirmaron tener confianza en que el ex funcionario sería exonerado y liberado desde el pasado lunes, lo cual no ocurrió.

El futuro judicial de López Zavala y el acceso a una justicia plena –que implicaría una reparación integral del daño– aún enfrenta etapas pendientes, no solamente por la fijación de la pena por feminicidio, sino también por la resolución del amparo interpuesto contra la sentencia condenatoria por violencia familiar, misma que fue ratificada en dos ocasiones por el Tribunal de Enjuiciamiento.

Para los colectivos, ello confirma que no existe duda sobre el historial de violencia y la responsabilidad del acusado en el feminicidio de Cecilia Monzón. Durante los tres años de lucha de los organismos de defensa de los derechos humanos y de la familia Monzón se llevaron a cabo manifestaciones, veladas y la realización de dos documentales que dan cuenta del largo y complejo proceso judicial.

Antes de ingresar a la audiencia, Helena Monzón recordó que 95 por ciento de los feminicidios en México permanecen impunes, por lo que su exigencia fue que el asesinato de su hermana no se sumara a esa estadística, sino que sentara un precedente en el acceso a la justicia.

FGE: ordenó el crimen por un conflicto legal y personal

De acuerdo con la acusación de la FGE, Javier López Zavala habría ordenado el asesinato de Cecilia Monzón a través de su sobrino, Jair Mauricio Domínguez, en el contexto de un conflicto legal y personal derivado de la manutención del hijo que ambos procrearon.

La investigación ministerial sostiene que el ex aspirante del PRI a la gubernatura mantuvo un control directo sobre la planeación del crimen, del cual se habría beneficiado al intentar silenciar a la abogada, quien lo había denunciado públicamente por violencia familiar.

La FGE estableció que Mauricio Domínguez fue el enlace operativo y que contrató a Silvestre N, un sicario originario del estado de Veracruz, para perpetrar el homicidio.

Ambos interceptaron a Cecilia Monzón cuando circulaba en su vehículo sobre el Camino Real a Cholula, el 26 de mayo de 2022. De acuerdo con el expediente, el ataque fue directo y premeditado: el agresor disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, provocándole la muerte en el lugar.

Integrantes de los colectivos señalaron entre lágrimas y expresiones de alivio que esta sentencia resulta esperanzadora para el movimiento feminista y de derechos humanos. “Con esta sentencia, estamos contentas”, expresaron ante los representantes de los medios de comunicación. Destacaron que la cobertura mediática y la presión social sostenida fueron determinantes para alcanzar este momento del juicio.