Por primera vez en América Latina, Colombia logró que, por ley, sus instituciones de educación superior cuenten con un presupuesto anual equivalente al uno por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, destacó el viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación, Ricardo Moreno Patiño.

La semana pasada, el Congreso de ese país aprobó por mayoría una “reforma histórica” a la Ley 30 de Educación, específicamente a los artículos 86 y 87, con el objetivo de fortalecer el financiamiento de la educación superior pública, al establecer que deberá destinarse el uno por ciento del PIB a este rubro.

No obstante, este incremento presupuestal no será inmediato, sino que se aplicará de manera gradual a lo largo de 15 años, lo que, a decir del funcionario, representa un “acto de justicia social”.

Esta redistribución de los recursos, subrayó Moreno Patiño, permitirá llevar la educación superior a territorios afectados por el conflicto armado, históricamente excluidos, con presencia de economías ilegales y zonas fronterizas, lo que contribuirá a cerrar brechas entre jóvenes de regiones marginadas del país.

En entrevista con La Jornada, el viceministro enfatizó que la reforma no fue impulsada únicamente por el gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que es resultado de un largo proceso encabezado por el movimiento estudiantil y diversas organizaciones, que durante décadas se manifestaron –incluso con episodios de violencia y pérdida de vidas– para exigir un modelo de financiamiento justo para la educación superior.

“Se trata de una reforma que salda una deuda histórica derivada de un retiro sistemático de recursos económicos de más de 30 años y que establece nuevas reglas para corregir esa inequidad”, afirmó.

De acuerdo con el análisis del Ministerio de Educación, este incremento al financiamiento permitirá que las instituciones públicas de educación superior reciban recursos adicionales año con año, alcanzando, al término de los 15 años, un crecimiento real de entre tres y cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación.

Eso implicará un impacto acumulado aproximado de 5 mil 780 millones de dólares, equivalentes a 22 billones de pesos colombianos, indicó el funcionario. En el corto plazo, representará un aumento estimado de 245 millones de dólares para las 33 instituciones técnicas y tecnológicas que anteriormente estaban excluidas del esquema de financiamiento de la Ley 30.

Con la aprobación de estas modificaciones, añadió, será posible asignar recursos a instituciones con baja cobertura, ubicadas en regiones “donde se concentran los principales factores del conflicto armado y la ilegalidad en el país”.

“La meta es dejar en la ley un modelo de educación superior que lo reconoce como un derecho fundamental y no como un servicio solamente, porque no queremos mercantilizar la educación, sino brindar más oportunidades a través de un sistema público robusto. Esa ha sido la vocación que ha tenido nuestro presidente Petro”, apuntó.

En Colombia, explicó, históricamente se han priorizado recursos para seguridad y combate al narcotráfico; sin embargo, “cuando incorporamos a un joven de una zona de cultivos ilícitos al sistema educativo, se lo arrebatamos a los grupos armados”. Se trata, concluyó, de una estrategia para enfrentar estas problemáticas no de manera frontal, sino a través de la educación, como parte de una “transformación cultural”.