En los pasados dos años, la Red Nacional de Refugios (RNR) ha brindado atención integral y gratuita a más de 27 mil mujeres e infancias, de las cuales 23 por ciento vivió violencia física, 25 por ciento sicológica, 20 por ciento económica y 15 por ciento patrimonial, lo que evidencia que “urgen respuestas integrales y sostenidas”, establece un reporte de la agrupación.

Asimismo, indica que “la violencia contra las mujeres atraviesa directamente la vida de sus hijas e hijos; las infancias no sólo presencian la violencia: la viven. Por ello, en los centros de atención externa el apoyo brindado a niñas, niños y adolescentes aumentó en 78 por ciento en 2025 en relación con el año pasado.

Las formas más frecuentes de agresión en contra de la niñez fueron sicológica y económica, con 29 por ciento cada una; física, 16 por ciento; patrimonial, 18 por ciento, y sexual, 4 por ciento. En 84 por ciento de los casos el agresor de las infancias es el mismo que el de su madre. Además, 42 por ciento de hijas e hijos de mujeres agredidas, y que no ingresan a los refugios, viven violencia vicaria, una forma de agresión que busca dañar a las mujeres a través de sus hijas e hijos, generalmente arrebatándolos a las madres.

Sobre los recursos presupuestales, Wendy Figueroa, directora de la RNR, señaló a La Jornada que recién el pasado viernes (a 13 días de que concluya el año), comenzaron a fluir para los aproximadamente 10 refugios a los que no les había sido entregada la segunda ministración del año.

El balance establece que la atención en estos espacios debe ser integral y considerar a toda la familia en su proceso de recuperación y protección, y añade que “a estas violencias se suma otra: la violencia institucional”, caracterizada por la “entrega tardía del presupuesto 2025 y la falta de claridad respecto a 2026, lo que pone en riesgo la operación de los refugios y centros de atención”.

Los 76 refugios de la red funcionan todos los días del año “con procesos especializados que dependen de financiamiento continuo, por lo que cuando los recursos se retrasan, se precarizan servicios esenciales como alojamiento, alimentación, atención sicológica, contención emocional, acompañamiento jurídico, órdenes de protección, traslados de emergencia y seguridad integral”, advierte, pues en los últimos años la constante ha sido la canalización tardía de los presupuestos.