En cuatro años, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha canalizado a 446 niñas, niños y adolescentes a centros de asistencia social del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF) cuando se hallan en situación de riesgo por el vínculo de sus familias con actividades o grupos delictivos.

Un documento obtenido en la Plataforma Nacional de Transparencia señala que de 2022 a octubre de 2025 la dependencia ha realizado dichos traslados para que los menores queden bajo su tutela. Al no contar con centros de asistencia social propios, los remite con los que mantiene un convenio de colaboración, ya sean privados o públicos.

La información indica que los menores canalizados son de 0 a 17 años, sin que se precise qué tipos de delitos son los que ponen en riesgo su integridad y por qué no fueron enviados con otros familiares.

Para el especialista de El Colegio de México Mario Pavel Díaz Román, los datos revelan que las víctimas que indican las cifras aún pueden salir de círculos de la violencia, por lo que las autoridades ministeriales determinan ponerlos bajo tutela del DIF, ya que no cuentan con protección o de familiar cercano, aunque también existen casos en que los mismos familiares rechazan la tutela.

Explicó que menores de 15 años y jóvenes de hasta 21 que se encuentran ligados a núcleos familiares con algún tipo de actividad criminal pueden ser atendidos por las autoridades para evitar que se sumen a esas conductas, lo que dejaría ver en los datos del DIF que por eso se realizaron dichos resguardos.

La especialista en temas de seguridad y crimen Carolina Jasso sostuvo que cuando la FGJ los traslada a resguardo del DIF “se está hablando de menores en situación de riesgo, de vulnerabilidad, no de menores infractores”, pero que es fundamental que las autoridades desagreguen más datos sobre ellos para conocer su contexto.

Comentó que son víctimas o potenciales víctimas y las causas por las que se pueden remitir son violencia familiar, maltrato o bien cuando las madres son víctimas de feminicidio y los menores se quedan en orfandad.

Los datos desagregados refieren que en 2022 las autoridades ministeriales enviaron a 83 menores y un año después la cifra subió a 89. Sin embargo, en los siguientes esta cantidad volvió a incrementarse, pues en 2024 reportaron la canalización al DIF de 118 personas y hasta octubre de 2025 iban 156.

En este mismo periodo, el DIF señala que “no se cuentan con casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas, ni de violencia extrema asociados al crimen organizado”, pero recibió de las autoridades investigadoras a 27 adolescentes en conflicto con la ley, como medida de protección para ingresar a algún centro de atención.