Viernes 19 de diciembre de 2025, p. 22
La administración pública federal (APF) deberá poner en marcha un conjunto de acciones para fortalecer la protección de la infraestructura tecnológica y servicios digitales y con ello evitar ser objeto de la ciberdelincuencia.
De acuerdo con la Política general de ciberseguridad para la administración pública federal, que publicó el pasado miércoles la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en el Diario Oficial de la Federación, las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la APF deberán contar con mecanismos de endurecimiento (hardening) en materia tecnológica, bajo estándares aceptados internacionalmente.
A su vez, la APF deberá utilizar mecanismos robustos de cifrado para la protección de datos.
“La capacidad del Estado para anticipar, identificar y contener amenazas cibernéticas resulta esencial para proteger los servicios públicos y salvaguardar la confianza de la población”, se menciona en el documento.
La ATDT expuso que el modelo integra capacidades de monitoreo, alerta temprana y respuesta coordinada frente a incidentes de seguridad digital.
“Este eje promoverá la estandarización de reportes obligatorios, la elaboración de manuales sectoriales de respuesta y el diseño de playbooks interinstitucionales, con el objetivo de asegurar criterios homogéneos en la clasificación, severidad y atención de incidentes”, expuso la agencia que encabeza José Antonio Peña Merino.
Rápida detección
Detalló que al tener una marco común, reducirán los tiempos de detección y recuperación, se fortalecerá la coordinación entre dependencias y disminuirán los impactos operativos de los ciberataques.
“Con ello, la APF avanzará hacia una postura activa de prevención y resiliencia, preparada para enfrentar amenazas complejas y garantizar la continuidad operativa de los servicios esenciales en beneficio de la sociedad”, manifestó la ATDT.
Destacó que el fortalecimiento de la ciberseguridad requiere no sólo de infraestructura tecnológica robusta, sino también de servidores públicos altamente capacitados y de una cultura institucional de corresponsabilidad.











