Debía discutirse el 6 de enero
Se busca revertir la reducción de 12 a seis semanas del plazo para la interrupción del embarazo en esa entidad
Miércoles 17 de diciembre de 2025, p. 9
Luego de la crítica hecha por la Arquidiócesis Primada de México el domingo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de la lista de asuntos a discutir a inicios del próximo año el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, el cual propone revertir la reforma de Aguascalientes que redujo de 12 a seis semanas el plazo máximo para abortar.
Hasta el lunes pasado, el proyecto se mantenía público y programado para su análisis el próximo 6 de enero. Ese mismo día, el ponente afirmó que la iniciativa ya había sido difundida y que el pleno determinaría su eventual aprobación.
“Hay que decir algo, el aborto ya está despenalizado en México desde 2023”, dijo Espinoza al ser interrogado sobre la crítica clerical.
La Arquidiócesis publicó el pasado domingo el editorial “El desprecio por la vida humana en la Corte”, en el semanario católico Desde la fe, en el que acusó que el proyecto en el máximo tribunal del país busca la “despenalización total” de la interrupción del embarazo.
“La mayor sorpresa consiste en los alcances que se buscan en la sentencia: eliminar el tipo penal de aborto, es decir, permitir el aborto de seres humanos en desarrollo, durante los 9 meses de embarazo, sin tomar en cuenta el bienestar de la madre ni del niño”, señaló el editorial.
La reforma del 23 de septiembre de 2024 al Código Penal y la Ley para la Protección de la Vida del Estado de Aguascalientes fueron impugnadas mediante las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y 173/2024, promovidas en octubre de 2024 por la entonces consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En su proyecto, Irving Espinosa concluye que criminalizar el aborto autoprocurado o consentido en Aguascalientes vulnera el derecho a decidir, a la salud y la igualdad, y que fijar un plazo de seis semanas es una medida regresiva que obstaculiza una decisión informada. Por ello, propone invalidar en su totalidad los artículos 101, 103 y 196 del Código Penal local, eliminando la criminalización del aborto voluntario, con efectos retroactivos a la entrada en vigor de esas normas.
Aunque el proyecto puede volver a enlistarse, hasta ahora se desconocen las razones de su retiro y la fecha en que sería reprogramado. El equipo del ministro ponente negó a este diario que él haya solicitado sacarlo de la agenda.












