La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) declaró que el Estado mexicano es responsable por la “violación sexual, tortura y muerte” de Ernestina Ascencio Rosario, perpetradas en febrero de 2007 por militares en la sierra de Zongolica, Veracruz. Los hechos ocurrieron en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, emprendida por el panista en el primer año de su gobierno, de acuerdo con la sentencia.

En su momento, el ex presidente Calderón atribuyó la muerte a una “gastritis crónica”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entonces a cargo de José Luis Soberanes, explicó que la defunción ocurrió por causas similares a las señaladas por el Ejecutivo federal.

La Coridh puntualizó que la indagatoria fue cerrada “prematuramente”, sin haber agotado las líneas de investigación; no fue conducida con un “enfoque de interseccionalidad”, particularmente relevante por tratarse de una mujer indígena mayor, ni incorporó perspectivas de género.

El fallo, emitido a casi 19 años de los hechos, determinó que las autoridades de ese entonces incumplieron su deber de investigar con “debida diligencia” los ilícitos y de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a sus hijos; además, estableció que la falta de atención médica oportuna y adecuada causó el fallecimiento de la mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años de edad.

El tribunal internacional “constató que Ernestina Ascencio fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007”, en el marco del combate al narcotráfico emprendida por Calderón desde 2006.

En esa fecha, la víctima fue encontrada malherida por familiares en las inmediaciones del 63 Batallón de Infantería, en la 26 Zona Militar de Veracruz. “Los soldados se me vinieron encima”, manifestó a su hija en lengua náhuatl Ernestina, quien murió dos días después de la agresión.

En la sentencia –que es definitiva e irrevocable, por lo que el gobierno mexicano está obligado a cumplirla—, la Coridh también resolvió que el Estado violentó los derechos a la vida, la integridad y la salud; a la no discriminación, y al acceso a la justicia, a la verdad y a la protección judicial, establecidos en tratados internacionales.

En la notificación de la Corte participaron representantes del Estado mexicano, entre ellos Víctor Sánchez Colín, embajador en Costa Rica, y Rosalinda Salinas, directora de casos en litigio internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como los representantes legales de las víctimas.

Para este caso –en su momento documentado ampliamente por La Jornada–, Rodrigo Mudrovich, juez vicepresidente de la Coridh, señaló que como medidas de reparación se ordenó al Estado conducir una “investigación penal exhaustiva y seria, en un plazo razonable, sobre la violación sexual, tortura y muerte” de Ernestina Ascencio, para “identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales”.

También indicó que debe realizarse un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, así como brindar tratamiento médico, sicológico, siquiátrico o sicosocial, cultural y lingüísticamente adecuado y efectivo a los hijos de la finada.

El Estado tendrá un año, contado a partir de ayer, para rendir un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con el fallo. “La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y el ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma”, concluyó.