El pleno del Congreso local celebrará un periodo extraordinario de sesiones en enero para aprobar un acuerdo que permita desahogar las quejas por inconformidades en las respuestas a solicitudes de información pública.

El presidente de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, Víctor Hugo Romo, de Morena, explicó que la ciudadanía sigue manteniendo su derecho de solicitar información, pero durante diciembre se mantendrá la suspensión de términos para la recepción de quejas, legalmente conocidas como recursos de revisión. Con dicho acuerdo se permitirá su resolución en lo que transcurren los 180 días para la emisión de la legislación secundaria.

Aun cuando la reforma constitucional no establece que será un órgano colegiado, el legislador mencionó que el nuevo organismo, que llevará el nombre de Instituto de Transparencia para el Pueblo, funcionaría mediante un consejo o una junta de gobierno integrada por representantes en materia de transparencia como la Secretaría de la Contraloría General, la Auditoría Superior de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Poder Judicial.

Además, dijo, “tendrá los dientes que el Info nunca tuvo”, en referencia a que el nuevo instituto podrá aplicar sanciones a los entes obligados. Incluso, se pretende que sus resoluciones sean vinculantes en materia de responsabilidades a la Ley de Servidores Públicos, cuya tutela se mantendrá en la Secretaría de la Contraloría.

“Lo que estamos diseñando es un tipo de consejo o junta de gobierno que sea equiparable a un colegiado, (…), que sea de varias personas y donde esté el órgano garante, que es la Secretaría de la Contraloría donde se sectoriza, para dar salida a las controversias. Eso lo vamos a diseñar a los 180 días.

“Y le vamos a dar herramientas coercitivas, sobre todo para los servidores públicos que no informen, que no rindan cuentas, que no transparenten o los que den datos no permitidos. Lo máximo que tenía el Info era una llamada de atención; entonces, hoy tenemos la posibilidad de reforzar porque la Contraloría ya tiene mecanismos de amonestación pública, de inhabilitación, de hacerlo penal, de resarcir temas de corrupción o daño al erario.

“Es decir, si alguien incumple en materia de acceso a la información se tengan sanciones efectivas”, detalló Romo, al subrayar que la nueva ley considerará aspectos como ciberseguridad e inteligencia artificial.

Se prevé que el periodo extraordinario se realice en la segunda o la tercera semana de enero, en la que también se desahogarían unos 15 dictámenes que quedaron pendientes de discusión.