La nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales no criminalizan a los productores ni afectan a la industria, pero sí enfocan medidas contra el tráfico ilegal del recurso y prevén sanciones para quienes contaminan acuíferos, e incluyen medidas para su restauración, explicó el secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Jesús Martín Cuanalo Araujo (PVEM).

El legislador rechazó “las mentiras” que, dijo, difunde la oposición, en el sentido de que los productores perderán sus concesiones de agua; refirió que esos señalamientos incluso han derivado en “inconformidades contra los diputados” que votaron por ambas legislaciones.

“Nadie perderá su concesión; se van a revisar todas, como debe ser, para corroborar que tienen un uso correcto, que no sea ilegal, y se prevé un sistema público para conocer quién es el propietario de dicha concesión y que nadie quite el agua que pertenece a los demás”, indicó en entrevista.

En términos ambientales, indicó, las asignaciones se basarán en el cuidado a la sustentabilidad. “Es decir, la legislación vigila los permisos, dependiendo de la disponibilidad o del nivel de las condiciones y calidad del manto acuífero de una zona”, detalló.

Las leyes garantizan, primero, el derecho al consumo humano, y segundo, la prioridad de la producción agroalimentaria, así como procurar la recarga de los acuíferos. “Hay algunos que van a reventar si no se trabaja en su recarga y si no se frena a quienes extraen ilegalmente el recurso. Lo que se busca es que todo esté regularizado”.

Subrayó que la reforma “no va contra el campo ni la gente; al contrario, se les da prioridad; ni va contra la industria ni la economía, simplemente se trata de que usemos el agua correctamente y como país nación aprendamos a ser responsables con el consumo”.