a violación de derechos humanos individuales y colectivos encuentra en los pueblos indígenas un memorial histórico de agravios cuyo telón de fondo es la impunidad. Uno de los escenarios ha sido el de la lucha por el territorio y la tierra, siempre acompañado de la resistencia de sus propietarios originales, que cuentan con títulos virreinales. Nada casual que estos procesos han implicado la muy añeja búsqueda de justicia ante autoridades en materia agraria,y no pocos crímenes contra las autoridades indígenas que promueven y encabezan esas luchas que les son vitales, que por cierto, al igual que la procuración de justicia, no han sido tocados por las reformas de los años recientes.

Mucha difusión se ha dado a los llamados planes gubernamentales de justicia para pueblos indígenas, que en contados casos han merecido decretos presidenciales que no dan cuenta de que las tierras “reconocidas” llevan años en litigio y algunas incluso con muy contadas resoluciones favorables sin ejecución. Queda así el crédito colocado en la voluntad política presidencial y a los pueblos “beneficiados” no les queda más que “agradecerla”.

En ese contexto, ubicamos el más reciente crimen cometido contra la comunidad de Azqueltán, Jalisco, el 26 de noviembre pasado, donde en el predio comunal de El Caracol, unos pistoleros dispararon y asesinaron al representante agrario de esa comunidad, Marcos Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena, y dejaron gravemente herido a su hermano Gabriel.

El atentado se inscribe en el clima de terror, incluso para provocar el desplazamiento de caciques bien conocidos en la región, con el fin de apropiarse de 39 mil hectáreas de la comunidad de Azqueltán. Se conocen los nombres de algunos implicados y sería al Ministerio Público al que correspondería la investigación formalmente, porque tienen bien tejido el manto de complicidad con autoridades municipales y estatales, así como operadores judiciales.

En este caso, se ha denunciado que semanas antes del crimen, hombres armados que se presentaron como supuestos policías de investigación invadieron predios comunales, amenazaron de muerte a comuneros, robaron herramientas y materiales de trabajo, e intentaron desalojarlos de su territorio histórico.

Azqueltán cuenta con un título virreinal otorgado en 1733 y lleva una década gestionando, como parte del pueblo O’dam-Wixárika, un juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 de Guadalajara, donde se busca el reconocimiento formal de su propiedad sobre 39 mil hectáreas.

Rubén Ávila Tena, integrante del equipo de abogados defensores, ha declarado: “Llevamos casi 10 años luchando en este juicio sin avances significativos, debido a la cantidad de posesionarios que deben ser llamados a procedimiento”.

La postura de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán es seguir resistiendo: “nosotros, como comunidad indígena autónoma, aunque nos maten, no vamos a abandonar nuestro territorio, no vamos a renunciar a nuestra identidad tepehuana y wixárika, y no vamos a ceder frente a los asesinos ni a los caciques”.

En este caso, como en todos los que han vivido los pueblos, no han faltado quienes obtienen un documento de “propiedad privada” sin resolución judicial. También las justificaciones temerarias de autoridades que han señalado que se trata de un conflicto entre particulares.

Azqueltán, ante el crimen de su autoridad agraria Marcos Aguilar Rojas, cuenta con el respaldo del CNI, al cual pertenecen. Incluso han solicitado que la presidenta Claudia Sheinbaum emita un decreto para que las 39 mil hectáreas que integran la comunidad sean tituladas y entregadas a sus poseedores ancestrales.

Justamente el pasado fin de semana, en Chihuahua, Guadalupe y Calvo, en la sierra tarahumara en Santa Tulita, la Presidenta firmó un decreto para entregar 3 mil hectáreas al pueblo Ódami Malanoche como propiedad comunal y afirmó: “Estamos aquí para entregar la tierra que siempre ha sido de ustedes, pero que no había sido reconocida”.

Por otra parte, numerosos colectivos, personas y organizaciones nacionales, entre muchas otras, la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, el Espacio de Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y colectivos solidarios europeos, especialmente en Alemania, han impulsado jornadas por la vida en Azqueltán, manifestaciones y denuncias por la justicia frente al artero crimen, y por la recuperación y reconocimiento pleno de su territorio ancestral.

El Congreso Nacional Indígena afirmó: “decimos claro y fuerte: la violencia contra Azqueltán no es un hecho aislado, sino parte de un patrón nacional mediante el cual el poder –sea gubernamental, económico o criminal– ataca a las comunidades indígenas cuando defienden su territorio y su vida. Este crimen forma parte de una estrategia permanente de despojo y agresión contra los pueblos originarios”. Coincido plenamente.