Caracas. Venezuela denunció este lunes que el gobierno de Trinidad y Tobago tuvo participación en el robo de petróleo venezolano cometido por fuerzas militares estadunidenses en aguas internacionales, el pasado 10 de diciembre.

Caracas informó que, como respuesta directa a “este gravísimo hecho mediante el que se pretende robar vulgarmente el petróleo de Venezuela”, el gobierno ha decidido “extinguir de manera inmediata” cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a Trinidad y Tobago.

La producción de gas de Trinidad y Tobago ha caído de manera importante desde hace una década. Por eso, el proyecto de explotación conjunta del campo Dragón, cercano a Venezuela, que preveía importar entre 185 y 350 millones de pies cúbicos diarios, era visto en la isla como una “tabla de salvación” para estabilizar el suministro del energético, dado el agotamiento de sus reservas y la reducción estructural de la extracción.

El comunicado divulgado por el gobierno de Nicolás Maduro recordó que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, “ha revelado una agenda hostil contra Venezuela desde su llegada al gobierno”, incluida la instalación de radares militares estadunidenses para el asedio contra los buques que transportan el petróleo venezolano.

“Esta funcionaria ha convertido el territorio de Trinidad y Tobago en un portaviones estadunidense con el fin de agredir a Venezuela, en un acto inequívoco de vasallaje”, afirmó el gobierno de Caracas.

Maduro ya había denunciado hace semanas el Acuerdo Marco de Cooperación Energética suscrito con Trinidad y Tobago, por lo que la declaración de ayer constituye un paso más en la ruptura de relaciones comerciales ante nuevas evidencias de la implicación de la administración Persad-Bissessar en la agresión estadunidense contra el país bolivariano.

La compañía estatal de hidrocarburos Petróleos de Venezuela (PDVSA) denunció que fue objeto de un ataque cibernético dirigido a detener su operatividad, en un intento de agresión que se suma a la estrategia del gobierno de Estados Unidos por apoderarse del crudo del país “por vía de la fuerza y la piratería”, refiere un comunicado divulgado este lunes.

En el documento, la petrolera señaló que “gracias a la pericia del talento humano de PDVSA, las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo”.

Sin embargo, la compañía aseguró que sus capacidades están intactas. “Se mantiene la continuidad operativa de la industria, mediante la implantación de protocolos seguros, que permiten la continuidad de sus actividades regulares en el suministro de productos en el mercado nacional, así como el fiel cumplimiento de todos sus compromisos de exportación”.

En un tercer comunicado, el gobierno venezolano condenó la extensión de las sanciones de la Unión Europea (UE) contra el país, anunciada por el Consejo Europeo este lunes. Venezuela denuncia que la política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuesta por la Unión Europea es “ilegítima, ilegal y contraria al derecho internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Además, Caracas consideró que Europa da muestras de “decadencia política” al insistir “en una línea de hostilidad estéril contra Venezuela, que evidencia una política exterior errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar”.

Hay 69 funcionarios venezolanos sancionados por la UE, que van desde el ministro del Interior, Diosdado Cabello, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Estas personas no pueden ingresar a territorio de la comunidad europea, tienen sus bienes y sus cuentas en Europa congeladas y no deben recibir fondos ni recursos económicos, directa o indirectamente, de la UE o cualquier entidad de sus 27 países.

Además, según el régimen de sanciones que se aprobó por primera vez en noviembre de 2017 y se ha ido ampliando, las medidas restrictivas incluyen también un embargo de armas y otros equipos.

En el texto divulgado por el canciller Yván Gil, el gobierno señaló que≠ “esta política de sanciones ha demostrado ser un rotundo fracaso” y ha deteriorado las relaciones políticas y diplomáticas.

Además, el gobierno venezolano aseguró que estas acciones confirman “la irrelevancia creciente de la Unión Europea como actor internacional capaz de actuar con independencia, racionalidad y respeto hacia los estados soberanos”.