Entre las prioridades institucionales, Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pretende “identificar vacíos y funciones duplicadas” en esta máxima instancia, sobre todo frente a los cambios de la reforma judicial y hacia la megaelección de 2027.

El TEPJF tendrá para el año entrante una bolsa de 3 mil 749 millones de pesos, cantidad cercana a la petición de 4 mil millones, y similar al alcance presupuestal de los años recientes.

Acorde con el documento Ejes y prioridades institucionales, relativo a su gestión como presidente (noviembre de 2025 a octubre de 2027), el magistrado sugiere elaborar un diagnóstico organizacional del TEPJF y destaca la importancia de tomar las decisiones de mane-ra colegiada.

Propone analizar “el mapeo de las funciones, procesos, jerarquías y tramos de control, el uso de sistemas que permita identificar vacíos y funciones duplicadas y el impacto de los objetivos de la reforma en los procesos, atribuciones y cargas de trabajo de las áreas sustantivas”.

A partir de ello, definir “la estructura racional del TEPJF considerando la optimización de los procesos y la innovación tecnológica y elaborar el plan de transición, así como de un plan de comunicación interna”.

En las tareas, advierte, hay dos elementos a considerar en el corto plazo: una reforma electoral –actualmente en planeación por parte de la Presidencia de la República– y los preparativos hacia la megaelección de 2027.

Ese año se renovarán la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas; asimismo, en 31 entidades, con excepción de Coahuila, habrá elección de diputaciones locales, mientras en 30 (faltarían Durango y Veracruz) se tendrán contiendas por alcaldías.

Además estarán en disputa la mitad de los cargos del Poder Judicial federal, y los juzgados y magistraturas de alcance local en 24 entidades.

En ese contexto, Bátiz apuesta por “garantizar la continuidad de las funciones” del tribunal a su cargo, pero también reorganizar la estructura, tanto de la sala superior – cuyas sentencias son inapelables– como de las salas regionales.

En el periodo de transición por la restructura administrativa derivada de la reforma judicial, agregó, se requiere generar certidumbre, impulsando una transición ordenada que no ponga en riesgo el quehacer sustantivo del TEPJF.

“También se debe evitar o reducir toda percepción negativa sobre el impacto de la readecuación administrativa, reposicionando al TEPJF como la máxima autoridad electoral jurisdiccional y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, tal como lo reconoce la Constitución mexicana”.

Durante todo el texto se hace referencia a la necesidad de brindar un servicio de justicia con sentido social, confiable y eficiente.

Replantea relación con INE

“La justicia electoral está dirigida a lograr la igualdad política, legitimar los resultados electora-les y coadyuvar en la gobernabilidad democrática”, de ahí que resulta indispensable dar “respuestas integrales” frente a los conflictos políticos.

En términos operativos, busca “replantear” la relación con el Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de integrar o sustanciar los proyectos que eventualmente deriven en un procedimiento sancionador.

En la actualidad la resolución final la determina la sala superior porque a raíz de la reforma judicial desapareció la sala regional especializada.

El objetivo, indica Bátiz, es “derribar las barreras que impiden la participación de todas las perso-nas en el goce de sus derechos político-electorales”.