La asamblea de rendición de cuentas del presupuesto participativo 2025 en la colonia Villa de Cortés, alcaldía Benito Juárez, se vio marcada por irregularidades, opacidad y omisiones, luego de que autoridades y responsables del proyecto evitaron responder cómo se ejerció el millón 273 mil 596 pesos destinado a la instalación de luminarias tipo cerillo, un proyecto que, según vecinos, fue rechazado desde un inicio por la comunidad.

La denuncia fue presentada por Gabriela Ortega Valdez, representante de la comisión de participación comunitaria (Copaco) de Villa de Cortés, mediante una carta dirigida a representantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y al presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso local, Fernando Zárate Salgado.

Señaló que durante la reunión del 29 de noviembre las autoridades no informaron quién propuso el proyecto, cuál es la empresa ejecutora ni por qué al menos 10 luminarias ubicadas en la plaza Victoria permanecen apagadas, pese a que se trata de un tipo de infraestructura cuya corta vida útil y problemas de mantenimiento ya habían sido advertidos por los propios habitantes.

Agresiones suplen diálogo

“Todo ha sido muy opaco; ni el instituto ni la alcaldía nos aclararon las dudas”, apuntó. Además, agregó que durante la reunión recibió agresiones verbales, hostigamiento y censura, sin que las autoridades intervinieran para garantizar un diálogo respetuoso.

Señaló a Mario Mateo Ruiz López, a quien identificó como operador del PAN e integrante de la Copaco, de encabezar las interrupciones, y a la funcionaria Alejandra Ramírez Mendoza, así como al responsable del Comité de Ejecución, David Murillo Estrada, por evadir información clave relacionada con la obra.

Asimismo relató que se le impidió documentar la identidad de los funcionarios presentes, con el argumento de que se trataba de “datos personales”, pese a tratarse de información pública vinculada a la rendición de cuentas. Por ello, solicitó al IECM y al Congreso local investigar la actuación de los servidores públicos involucrados y determinar posibles responsabilidades.