El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se propone instituir una estricta política de evaluación de confianza dirigida a los servidores públicos de la administración pública federal.

La medida incluirá la aplicación de una batería de exámenes diseñados para verificar el apego a los principios del servicio público de aquellos candidatos a funcionarios y quienes ocupen cargos estratégicos, de riesgo o de alto nivel de responsabilidad.

Esta disposición es la principal novedad de un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.

El documento tiene como finalidad expedir las nuevas disposiciones generales en materia de recursos humanos de la administración pública federal. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, este ordenamiento sustituirá el acuerdo vigente en la materia, emitido en 2024 por la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Exámes toxicológicos y sicológicos a escala federal

El proyecto detalla en un capítulo específico que la evaluación de confianza no será un trámite administrativo menor. El esquema regulatorio contempla la aplicación obligatoria de exámenes médicos y toxicológicos, revisiones de la situación patrimonial y del entorno socioeconómico, así como valoraciones sicológicas y sicotécnicas. La intención declarada es asegurar que quienes toman las decisiones claves en el gobierno tengan perfil de probidad y salud compatible con las exigencias del servicio. No obstante, el propio proyecto establece en sus artículos transitorios que esta obligación entrará en vigor de manera diferida, hasta que la secretaría emita los lineamientos técnicos específicos para su operación.

También introduce cambios conceptuales, como el de la “dignificación del servicio público”. Esta nueva directriz se define normativamente como el establecimiento de sistemas de gestión de competencias y rutas de carrera sustentadas estrictamente en el mérito, incorporando valores como justicia, integridad y compromiso con el bien común. Se busca romper con la inercia burocrática para dar paso a un servicio profesional que sea reconocido socialmente.

Otra de las novedades es la formalización de la “recapacitación”. A diferencia de la capacitación tradicional, enfocada en mejorar el desempeño en el puesto actual, este concepto se plantea como una estrategia de reconversión de habilidades. El objetivo es dotar de competencias nuevas al personal, que les permitan adaptarse a los cambios en el entorno laboral, transitar hacia proyectos gubernamentales prioritarios o asumir funciones de mayor complejidad, y con ello evitar la obsolescencia de los perfiles ante las nuevas demandas de la administración.