espués de la histórica intervención de Morena Estado de México (diciembre de 2018) abrogando la privatizadora reforma de Del Mazo para introducir el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) al modelo neoliberal de cuentas individuales (Afore) con que se pagan hoy las pensiones en México, siete años después, sin atreverse a señalar a quienes lucraron con el instituto siendo responsables directos del quebranto financiero administrativo actual y sin atreverse tampoco a buscar soluciones de fondo, la gobernadora Delfina Gómez sólo ofrece un tibio ajuste paramétrico que preserva la incertidumbre y frustación de su derechohabiencia, afectando a los más jóvenes.

Ante un quebranto que, según sus voceros, lo tiene “al borde de la quiebra”, Delfina propone reformar su ley e “iniciar su rescate” sólo elevando la edad de jubilación de 62 a 65 años. Durante la campaña de 2023, ofreció “rescatarlo” y “ver el servicio y las instalaciones, porque no sólo atiende a nuestros maestros, sino también a nuestros trabajadores”. Pero iniciando el tercer año de gobierno, apenas ofrece que ese incremento en la edad de jubilación no se aplique retroactivamente (¡faltaba más!) y que sea por etapas con periodos de transición adecuados.

¿Cómo lo justifica? La “razón” de esta medida –sostienen– busca “equilibrar” y proteger el sistema ante una “proporción” cada vez mayor de pensionados frente a los cotizantes. La relación actual estimada –prosiguen– es de cuatro activos por pensionado, lo que “presiona” sobre los recursos y “amenaza” el equilibrio de largo plazo. Entre 2000 y 2025, los pensionados crecieron 547 por ciento: de 14 mil a 75 mil, y el pasado septiembre ya sumaban 92 mil. La proyección a 2030 es de 140 mil. Durante 2026, el Issemym tuvo un presupuesto de 44 mil millones de pesos, de los cuales 26 mil fueron para pensiones.

De aprobarse el ajuste de Delfina en el artículo 88 de la ley del Issemym, la pensión por jubilación será otorgada a quienes al retiro acrediten un mínimo de 35 años de servicio y 65 años de vida. La edad se incrementará en 2027 a 63 años, en 2028 a 64 y en 2029 a 65, mientras el artículo 90 establecerá que para jubilarse por edad avanzada –actualmente son 67 años y 15 de servicio– se requerirán 70 años y 15 de antigüedad. Y para rematar, el equipo “técnico” de Delfina se atreve a declarar que “al aumentar la edad de jubilación para futuros integrantes, se evita que las generaciones activas asuman una carga excesiva”. ¿Cómo?

¿Delfina buscó alguna otra opción? Porque el crecimiento de pensionados, así como los recursos que reclama su financiamiento –como expresan los voceros de Delfina–, retrata una situación generalizada en regímenes estatales y universitarios, siendo justamente ahí donde urgen soluciones de fondo innovadoras que ella evidentemente no buscó, conformándose con un tibio ajuste que incrementa la edad de jubilación, afectando a los más jóvenes.

La pregunta que pudo plantearse Delfina y no se planteó es: ¿cómo preservar estos programas frente a las restricciones de contratación de nuevo personal activo y simultáneamente atender adecuadamente el crecimiento de pensionados y su financiamiento? Y la otra opción que ciertamente no buscó pudo haber contemplado responder a estas otras preguntas: ¿son efectivamente necesarias esas reformas paramétricas para mantener el nivel de los beneficios?, ¿podrían llevarse estos ajustes repartiendo equitativamente la carga del ajuste entre todas las generaciones cubiertas por el Issemym? Y aún otra más: ¿podría explorarse que el gobierno de Delfina absorbiera el costo de las pensiones en curso de pago –restando presión financiera al instituto–, garantizando así el entero paquete de beneficios que ampara su ley?, lo que hubiera ocurrido de no haberse abrogado la privatizadora reforma de Del Mazo en 2018.

La opción que Delfina puso sobre la mesa es una salida fácil para intentar esquivar un severo conflicto político: publicitar que su opción no afectará a la generación actual, pero sí a los jóvenes que vienen detrás y que aún no pueden defenderse.

Con verdadero diálogo social y sin imposiciones para votar de inmediato y en caliente –antes del 15 de diciembre de 2025–, ese incremento de la edad de jubilación integrado al paquete fiscal del estado de México 2026, ese equipo “técnico” de Delfina pudo haber explorado –antes de imponer su opción de salida única– ensayar diferentes ajustes paramétricos buscando siempre un impacto equilibrado entre todas las generaciones que componen el Issemym, cuidando muy especialmente a los jóvenes que son su futuro inmediato. Ello hubiera representado mayor equidad y auténtica solidaridad intergeneracional.

¿Por qué se conformó con preservar ese mediocre estado de cosas y no se atrevió a dar un paso serio cumpliendo al cuantioso electorado que la votó en 2023? En suma: para el estado de México, muchos programas sociales, pero rompiendo la oferta de Andrés Manuel López Obrador de no elevar la edad de jubilación. Finalmente, Delfina sólo está pateando el bote. ¿Cuándo se expresará el “bienestar” en las pensiones del Issemym?

* UAM-X