Madrid. La agrupación Unión Progresista de Fiscales (UPF), una de las más importantes del país, solicitó a la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, que interceda en el caso del juicio en contra del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien fue condenado a dos años de inhabilitación y a una multa por un delito de revelación de secretos.

El juicio fue asumido por la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que dictó sentencia de culpabilidad con una votación dividida de cinco a favor, frente a dos en contra.

La UPF, a la que pertenece el propio García Ortiz y su sucesora en el cargo, Teresa Peramato, ex-plicó en su escrito dirigido a la funcionaria de la ONU que ha habido una “sucesión de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal” contra el ex fiscal general.

Explicó que los hechos observados “no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un estado de derecho”.

Entre estas acciones, la asociación remarcó la “acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados”, tras denunciar que los mismos jueces participaron en “la admisión de las querellas, la valoración inicial de indicios, el control de la instrucción, la revisión de decisiones clave y, finalmente, el enjuiciamiento”.

Juicio invasivo

Los fiscales sostienen que el proceso fue “una instrucción con medidas extremadamente invasivas”, pues la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado “incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas”.

Además, apuntan a “comportamientos públicos impropios” durante el juicio y la deliberación, como cuando “se habla de intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad y de vínculos académicos recientes entre magistrados y abogados acusadores”.

También mencionan la existencia de “un curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación ante una de las acusaciones populares”, en alusión a un curso del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en el que participaron varios magistrados de la sala.