El Consejo General de Instituto Nacional Electoral (INE) se perfilaba a la medianoche para aprobar adecuaciones a su presupuesto, luego del recorte de mil millones de pesos (equivalentes a 6.6 por ciento de su petición original), aunque con una notoria inconformidad de la mayoría de los consejeros, quienes advirtieron riesgos para el cumplimiento de las responsabilidades del órgano y para la calidad democrática.

Las áreas sobre las cuales recaerá la mayor parte del recorte son las de organización electoral, con 34 por ciento del impacto; la dirección de capacitación y educación electoral, con 30 por ciento; el área de informática, 13 puntos porcentuales, y la dirección del registro federal de electores, 12.5 por ciento.

Consejeros como Dania Paola Ravel advirtieron de la situación “arbitraria e ilegal” de que la Secretaría de Hacienda envió a la Cámara de Diputados la solicitud del INE, ya incluido un recorte de 3 mil 119 millones, al dar como un hecho que no habría Consulta Ciudadana el año próximo, aun cuando el plazo para elegir este elemento no había concluido.

En tanto, los consejeros Martín Paz y Arturo Castillo señalaron que los constantes recortes al INE no deben normalizarse y menos porque la Cámara de Diputados no motivó esta decisión.

Mientras el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, aseveró que al INE “no lo están tocando, sino lo están asfixiando”, el consejero Castillo hizo un recuento de los recortes al instituto desde 2017, y aseveró que si bien el Legislativo tiene esta facultad, esto no corresponde a las crecientes responsabilidades que se ha dado al órgano, lo cual va en detrimento de la calidad de las elecciones y el lugar prioritario en el país.

“Las reducciones presupuestales sí tienen una afectación en la calidad democrática”, advirtió.