México defendió con firmeza la vigencia y plena aplicación de la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954 ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), al advertir que la propuesta de reforma presentada por Perú no sólo carece de sustento jurídico, sino que pone en riesgo un mecanismo esencial para proteger a perseguidos políticos en la región. Para el gobierno mexicano, la iniciativa del país andino –presentada luego de que México otorgó asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez— desvirtúa el espíritu del tratado y busca reabrir, por la vía multilateral, un caso particular que ya está regulado por normas claras del derecho internacional.

Ayer, en una sesión extraordinaria convocada a petición de Lima y celebrada en la sede de la OEA en Washington, la representante de México ante el organismo regional, la embajadora Luz Elena Baños, subrayó que el Consejo Permanente no tiene facultades para revisar la convención.

En la sesión, transmitida en línea, señaló que el debate pierde legitimidad al permitir intervenir a estados que no son parte de la convención, mientras excluye a otros que sí la suscribieron pero no integran la OEA.

Añadió que la propuesta peruana no responde a un interés jurídico regional, sino al intento de modificar retroactivamente las reglas aplicables al caso de Chávez, quien permanece en la embajada mexicana en Lima a la espera del salvoconducto que corresponde entregar al gobierno de esa nación.

Salvoconducto a ex ministra

La diplomática advirtió que la verdadera vulneración al marco normativo proviene precisamente del Estado que impulsa la reforma, Perú, que ha incumplido sus obligaciones al negar el salvoconducto indispensable para garantizar la salida segura de la asilada. El respeto al derecho internacional –subrayó– no puede ser selectivo ni sujetarse a coyunturas políticas.

Cuestionó si la sesión respondía a un “genuino esfuerzo jurídico” o si se trataba de ventilar un caso específico, y recordó que modificar un tratado sin el consentimiento de todos sus estados partes viola la Convención de Viena.

Baños enfatizó que Perú pidió revisar la normativa sólo después de que México actuó “en estricto apego al derecho internacional”, lo que evidencia –apuntó– que la iniciativa de reforma es una reacción a un resultado adverso.