Familia de pescador colombiano, que presuntamente sufrió ataque del Pentágono, acude a la CIDH
Jueves 4 de diciembre de 2025, p. 25
Bogotá. La familia de un colombiano que alega su desaparición en el Caribe presentó la primera denuncia formal contra Estados Unidos por la presunta ejecución extrajudicial del hombre, que habría sido víctima de un ataque contra un bote, señalado por Washington de transportar drogas.
La denuncia por la muerte de Alejandro Carranza Medina, de 42 años, fue presentada el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyas decisiones derivan en recomendaciones, pero no en acciones vinculantes, dado que Estados Unidos no reconoce al tribunal asociado a ese organismo.
El abogado estadunidense Daniel Kovalik, quien actuó en representación de la familia, aseguró ayer a The Associated Press que no han descartado una demanda ante un tribunal de Estados Unidos, pero significaría mayores obstáculos para obtener resultados, por lo que decidieron acudir a la CIDH y esperan que funcione en esos casos.
“Utilizamos las vías a nuestro alcance y creemos que una decisión a nuestro favor, combinada con la presión pública, puede lograr esa compensación (para la familia) y también poner fin a las matanzas en el Caribe”, afirmó Kovalik en una entrevista virtual desde Pittsburgh, Pennsylvania.
Estados Unidos comenzó en septiembre los ataques letales contra embarcaciones bajo la acusación, sin presentar pruebas, de que transportaban drogas, luego de desplegar sus capacidades militares en aguas del Caribe. Desde entonces, más de 80 personas han muerto en las embestidas del Pentágono en el Caribe y el Pacífico oriental.
Los bombardeos con misiles ejecutados por las fuerzas estadunidenses han sido objeto de cuestionamientos legales de parte de organizaciones de derechos humanos y de algunos congresistas en Washington. La CIDH manifestó antier su preocupación por estas ofensivas e instó a Estados Unidos a garantizar el respeto a las garantías de las personas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha calificado los ataques de “asesinatos” y criticado el uso desproporcionado de la fuerza para hacer operativos de interdicción de drogas. Fue quien denunció que había habitantes de su país entre los atacados y luego secundó la denuncia sobre la muerte de Carranza, a quien describió como un pescador de la ciudad caribeña de Santa Marta.
Salió a capturar atunes
La demanda ante la CIDH, que fue divulgada antier por el medio The Guardian, detalla que el 15 de septiembre Estados Unidos “bombardeó la embarcación” de Carranza cuando navegaba en el Caribe frente a la costa colombiana.
“No era un barco cargado de droga. No, salió a pescar marlines y atunes”, insistió Kovalik. “Lo último que le oyeron decir fue: ‘es un buen día para pescar’. Y eso fue lo que hizo”, agregó.
La solicitud cita como evidencias de la ejecución extrajudicial dos artículos periodísticos de The New York Times y The Washington Post sobre las denuncias de la familia y declaraciones del secretario de Guerra estadunidense, Pete Hegseth, acerca de los ataques.
“Creemos que fue él quien murió. Obvio no hay testigos que sobrevivieran... pero el líder de la asociación de pescadores conocía muy bien a él y su barco”, aseguró Kovalik, quien resaltó que otro agrupación de Santa Marta identificó la embarcación como la de Carranza.
La prensa colombiana ha dicho que una persona con su mismo nombre fue capturada en 2016, junto a varios policías, por el robo de más de 200 armas de la policía que luego habrían sido vendidas a un grupo ilegal.
Al ser cuestionado por los antecedentes de Carranza, Kovalik detalló que cree que es la misma persona, pero que su defendido no tiene antecedentes porque nunca fue acusado formalmente.
La familia de Carranza ha dicho ser de escasos recursos económicos en entrevistas a medios locales. Kovalik, abogado que representa en Estados Unidos al presidente Petro, aseguró que conoció a la familia con ayuda del gobierno colombiano y luego viajó hasta Santa Marta hace menos de un mes para informarse sobre el caso.
“Las víctimas no cuentan con recursos adecuados y efectivos en Colombia para obtener reparación... además, incluso si los recibieran, las víctimas no podrían ejercerlos de forma segura, dado que han sido amenazadas por paramilitares de derecha por el simple hecho de denunciar el asesinato del señor Carranza”, indica la petición a la CIDH.
Kovalik señaló que no ha sido contactado por familiares de otras presuntas víctimas de ataques en el Caribe, pero pidió que denuncien.
“Lo que Estados Unidos hace es asesinar a personas que no pueden defenderse, ni físicamente ni por la ley”, denunció Kovalik, quien cree que si hubieran sobrevivido y las hubiesen acusado en tribunales de Estados Unidos podrían haber evitado la cárcel.











